Sinaloa enfrenta el desafío de recuperar la seguridad y reactivar su economía

QUERÉTARO, Qro, 31 de octubre de 2026.- A más de dos años del inicio de la confrontación entre grupos criminales en Sinaloa, la crisis de seguridad continúa representando un desafío para las autoridades, no solo por el número de homicidios y desapariciones, sino también por sus consecuencias en el empleo, los negocios y la vida cotidiana de la población.

Desde septiembre de 2024, la disputa criminal ha mantenido a la entidad bajo presión. Un balance publicado por el medio sinaloense Noroeste contabilizó, hasta el 13 de octubre de 2026, cuatro mil 35 homicidios dolosos, cuatro mil 525 personas privadas de la libertad y 12 mil 702 vehículos robados durante este periodo. 

Aunque algunos indicadores muestran reducciones frente a los momentos más críticos de 2025, los registros acumulados evidencian que la recuperación de la seguridad sigue siendo un proceso pendiente. En septiembre de este año, por ejemplo, se contabilizaron 121 víctimas de homicidio doloso, mientras que los feminicidios alcanzaron 23 casos, de acuerdo con cifras reportadas por la Fiscalía estatal. 

El impacto también alcanza a la economía. Un reporte sobre los dos primeros años de la crisis señaló que, entre abril de 2024 y abril de 2026, Sinaloa perdió más de 27 mil empleos formales y alrededor de cuatro mil 700 registros patronales. Organismos empresariales también reportaron cierres de negocios en Culiacán y municipios del sur del estado. 

La persistencia de la violencia plantea un reto que va más allá del despliegue de fuerzas federales: recuperar la confianza para que los comercios operen, las inversiones se mantengan y las familias puedan retomar sus actividades sin temor. La seguridad también requiere atender a las víctimas, fortalecer las investigaciones y evitar que la violencia se normalice en la vida diaria.

El panorama de Sinaloa muestra que una reducción en determinados delitos no equivale necesariamente a la recuperación de la tranquilidad. El desafío para las autoridades consiste en traducir los operativos y las detenciones en resultados sostenidos, mientras se atienden las consecuencias económicas y sociales que acumula la entidad.