Uso de razón|Pablo Hiriart

   

            Entre tanta mala noticia hay una buena, y es el proyecto del gobierno para reformar el régimen de pensiones sin cargas ideológicas ni estatistas.

            Lo que se presentó en Palacio Nacional el lunes como acuerdo entre el gobierno federal encabezado por el presidente López Obrador, el líder cetemista Joaquín del Olmo y el dirigente de los empresarios Carlos Salazar Lomelí, acompañados de los coordinadores de Morena en las cámaras legislativas, es una excelente señal.

            Salvo por algunas omisiones, la propuesta de reforma está tomada de la que presentó el pasado 14 de julio el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional en la Cámara de Senadores.

            Eso no demerita al gobierno, sino todo lo contrario.

            López Obrador se acogió a la sensatez de la propuesta panista y desechó los disparates de los grupos radicales de su partido que presionaban para que el Banco del Bienestar tomara la administración de los fondos de retiro de los trabajadores.

            Como bien dijo Ricardo Monreal en la ceremonia del martes, «con esta ley se esfuma el fantasma sobre una nacionalización o estatización de los fondos de ahorro de los trabajadores».

            Lo sustantivo de la reforma consiste en que los trabajadores formales afiliados al IMSS, que hasta la fecha se pensionan con el 35 por ciento de sueldo, lo harán con el 58 por ciento respecto de su último salario.

            El salto es importante para los trabajadores afiliados al Seguro Social.

            ¿Cómo se logró?

            A través de un ejercicio saludable y sencillo, eficaz cuando se tiene la intención de hacer las cosas bien. Escuchar al que piensa diferente. En este caso, al PAN y no a los ultras de Morena.

             En el punto seis de la exposición de motivos de la propuesta panista se establece que:

            «… consideramos prioritario elevar el monto de las aportaciones obligatorias a los sistemas del ahorro para el retiro del 6.5 al 15 por ciento, tanto para los trabajadores inscritos en el IMSS como a los trabajadores al servicio del Estado».

            Exacto. Ni una décima más ni una menos en la propuesta del gobierno.

            Añade la iniciativa panista: «Sabemos que esta medida (aumentar el monto de aportaciones obligatorias) resultaría onerosa para los patrones en medio de la crisis, y por esa razón se estipula un periodo de transición de ocho años».

            Tal cual lo retomó el gobierno. Ocho años. Es positivo.

            Por ello el líder nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, aclaró que «no hay riesgo alguno de que esta propuesta afecte los precios de los productos».

            Se refiere también al posible efecto que tendrá que el cien por ciento de las aportaciones sean hechas por los patrones, y no con una parte puesta por el gobierno (4.7), como es la propuesta de Acción Nacional.

            A cambio de ello, el gobierno se comprometió a aportar once mil millones de pesos para las pensiones de los trabajadores con menos de tres salarios mínimos.

            De primera importancia es lo que establece la propuesta del gobierno respecto a las semanas que un trabajador debe cotizar para tener una pensión mínima.

            La tomaron de la iniciativa de los senadores de Acción Nacional, presentada el pasado 14 de julio:

            «Se reducen las semanas de cotización de 1,250 a 750 para acceder a una pensión mínima garantizada en la Ley del Seguro Social».

            Así lo asumió el gobierno, ni una semana más ni una menos, y así fue presentado el martes en Palacio Nacional.

            De esa manera muchas más personas van a acceder a una pensión, aunque sea pequeña.

            Sin embargo debió tomarse completa la propuesta panista, que añadía el beneficio a los trabajadores al servicio del Estado, a quienes plantea bajar de 25 a 14 años el tiempo de trabajo para acceder a una cotización mínima.

            Por esta vez no se pudo, pero tal vez sea posible más adelante, como se comprometió ayer el presidente.

            No menos importante es que la propuesta gubernamental incorpore el planteamiento de modificar la política de inversión de las Afores.

            El objetivo es el mismo: «.. otorgar mayor rentabilidad, sin sacrificar el poder adquisitivo futuro del retorno esperado» (Artículo 43 de la iniciativa del PAN).

            Falta mucho por hacer en materia de pensiones y desde luego no se ha llegado a la meta de que haya pensión digna para todos.

            No están ahí los trabajadores al servicio del Estado ni los que se encuentran en la informalidad.

            Las pensiones seguirán siendo pobres mientras no crezca la economía (y el ingreso) por encima de la inflación. Mientras no lleguen inversiones que den empleos con prestaciones de ley.

            Claro que se puede. Para eso necesitamos un gobierno menos ideologizado y más sensato.

            Que escuche y tome lo bueno quien lo proponga, como hizo en este caso.