Itinerario político|Ricardo Alemán

De principio a fin, el llamado “caso Lozoya”, es un cochinero legal, político y mediático.
Y es que de la misma forma en que el vengativo gobierno de Obrador persiguió a otras personalidades de la vida pública, el “caso Lozoya” es un montaje que busca sembrar no sólo miedo, sino terror entre adversarios, entre políticos y servidores públicos de gobiernos anteriores.
¿Por qué y para qué emplear el terrorismo de Estado?
a). - Como venganza contra aquellos que, en algún momento, se opusieron a los afanes políticos de López o que, incluso, los obstaculizaron.
b). - Como una manera de control político de los adversarios.
c). - Como un “mensaje ejemplar” y de terror a opositores y críticos, para que todos vean lo que les puede pasar, si no se someten al tirano.
d). - Como un mensaje mediático a los ciudadanos, en general, de que el corrupto gobierno de AMLO es capaz de perseguir a los corruptos de los gobiernos anteriores.
e). - Y, sobre todo, como espectáculo que trasciende más allá del mero circo para los ciudadanos; será la plataforma electorera y “engañabobos” para ganar simpatías en las elecciones legislativas del 2021.
Pero vamos por parte. ¿Por qué el caso Lozoya es un cochinero?
Para entender el tamaño de la impostura, vale recordar la persecución ilegal e inconstitucional emprendida contra figuras como Rosario Robles, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, entre otros.
El motor detrás de la persecución de Robles es una vulgar venganza. Y es que la señora Robles –clave para encumbrar a AMLO y llevarlo a la jefatura de gobierno del DF--, en su momento rompió con Obrador, apoyó candidaturas presidenciales distintas a la de López y, en el extremo, se sumó a la candidatura de Peña Nieto.

Esa legítima decisión política fue vista como traición y, por eso, Robles es la primera presa política del actual gobierno.
Y se trata de una venganza que el propio presidente ordenó a la Fiscalía General, que de manera inconstitucional se ha convertido en “el garrote” represor de López Obrador contra enemigos y adversarios.
“Garrote” utilizado contra el ministro Eduardo Medina Mora, exhibido en una mentirosa investigación mediática y luego obligó a renunciar a su cargo, en franca violación constitucional. Incluso, hoy nadie conoce las causas graves de la renuncia de Medina Mora.
Otro caso es la persecución de Genaro García Luna, detenido por el gobierno de Trump, a petición de su amigo López Obrador y con la intermediación del “garrote” del Fiscal General.
Pero el caso extremo de “el garrote” llamado Fiscalía General, se llevó a cabo para desmontar la llamada “versión oficial” del caso Ayotzinapa. Resulta que se brinda protección y los beneficios de la figura de Testigo Colaborador, a los presuntos responsables del crimen de “Los 43”.
Si, los hermanos Sidronio Y José Ángel Cobarruvias, líderes del grupo criminal Guerreros Unidos y responsables de ordenar la muerte de “Los 43”, hoy son “testigos colaboradores” de la Fiscalía General y están en custodia en un hospital privado, igual que Emilio Lozoya.
Y con el mismo sello de “el garrote” de la Fiscalía General, se llevó a cabo la persecución demencial e ilegal de Emilio Lozoya.
Primero se filtró supuesta información sobre los vínculos de Lozoya en el caso Odebrech y del presunto manejo de recursos de procedencia ilícita.
Luego la persecución escaló a casi toda su familia y llevaron a prisión a la esposa, la madre y una hermana. Una vez acorralado, Lozoya fue empujado a negociar un trato preferencial a cambio de supuesta información y de los beneficios que otorga la figura de “testigo colaborador”.
Llegó a México en medio de un grosero montaje para engañar a los ciudadanos, ya que mientras en secreto Lozoya era llevado a un hospital, en calidad de “testigo colaborador”, un impostor “jalaba la marca” mediática. Un engaño casi perfecto que, al final, quedó exhibido.
Luego se filtró supuesta información privilegiada; que si Lozoya posee videos que incriminan a beneficiarios por la Reforma Energética, que si existían cajas fuertes llenas de dinero, para sobornos, en casas de Polanco; que si Lozoya había rendido su primera declaración, que si involucra a muchos políticos; que si fue operado…
Nada de esa supuesta información es cierto; todo son filtraciones falsas, salidas de la Fiscalía General, que buscan crear terror, alimentar el circo mediático y, sobre todo, general miedo entre los adversarios.
Y la primera aterrorizada fue la senadora del PRI, Vanessa Rubio, quien literalmente salió huyendo del país.
Y es que, de manera ilegal e inconstitucional, el presidente Obrador se convirtió en el Fiscal General, en Ministerio Público y en vocero del Poder Judicial, en el caso Lozoya; un caso sostenido sólo por los montajes y los “dimes y diretes” mediáticos sembrados por la propia Fiscalía General.
Montajes de una fiscalía que debía ser autónomo pero que, en los
hechos, es “el garrote” de la represión presidencial.
Y el mejor ejemplo del engaño y la ilegalidad del “caso Lozoya”, es que el ex director de Pemex fue extraditado a solicitud de dos órdenes de aprehensión, obsequiadas por dos Jueces de Distrito.
En cumplimiento de esas dos órdenes de aprehensión, Lozoya está en México, pero a causa del supuesto deterioro de su salud, está en un hospital, en custodia por la Fiscalía General.
Es falso que Lozoya haya declarado y que haya dado nombres, como dice el presidente Obrador, ya que no ha sido presentado ante ninguno de los jueces de la causa. Y sólo podrá ser presentado e interrogado, una vez que sea ingresado a un Reclusorio.
Si, y solo sí, bajo esas premisas puede declarar, ante tales Jueces de Distrito. Y no puede declarar en un hospital.
Claro, a menos que de manera ilegal –lo que sería otra ilegalidad del cochinero llamado “caso Lozoya”–, haya sido interrogado “y exprimido” por “el garrote” llamado Fiscalía General.
Así el cochinero, las venganzas y la represión del gobierno de AMLO. Y conste que ese gobierno sería distinto.
¿Quién pondrá un alto a tal cochinero; al inconstitucional “garrote” de la venganza y la represión, llamado Fiscalía General?
Al tiempo.