Los límites de la complacencia
Por: Pablo Hiriart
MÉXICO, 12 de diciembre del 2016.- La pretensión de cobrar un impuesto adicional a la venta de casas y departamentos en la Ciudad de México, tuvo un rechazo generalizado de parte de la población y finalmente el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, lo vetó. Pero tendrá costos políticos.
Eso pasa cuando los gobernantes se juntan con estatistas y populistas.
No se puede andar del brazo de Muñoz Ledo, Dolores Padierna y compañía sin consecuencias.
La idea original era, según el artículo 26 de la nueva Constitución de la Ciudad de México: “Serán objetos de gravamen el aprovechamiento inmobiliario y la generación de plusvalías derivadas de la infraestructura urbana por el uso de suelo, del espacio público y edificable”.
Más atrás, en su artículo 21 se establecía: “Los incrementos en el valor del uso de suelo derivados del proceso de urbanización, se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad. La ley regulará su aprovechamiento para restaurar los ecosistemas y las zonas degradadas de la ciudad”.
En resumen: las mejoras que el gobierno capitalino haga en un entorno, se lo van a cobrar vía impuestos a los que vendan sus casas o departamentos y hayan sido beneficiados por esos trabajos.
Como si no fuera obligación del gobierno poner alumbrado, agua potable, drenaje, alcantarillado y pavimentar los baches en las calles, se lo quieren cargar al que vende una propiedad.
Además, para eso existe el impuesto predial, para pagar las obras que se hacen. No le pueden cobrar doble al ciudadano.
Es una visión estatista, populista y autoritaria.
No es extraño, pues varios personajes que encabezan el proyecto de Constitución de la CDMX son precisamente eso: estatistas, populistas y autoritarios.
¿O qué esperaban obtener como resultado de una Constitución hecha por Muñoz Ledo y asesores?
Una connotada constituyente, la senadora perredista Dolores Padierna, defendió el llamado impuesto a la plusvalía: “es obtener una recaudación de los incrementos de valor por causas ajenas al propietario, quien se ve altamente beneficiado por una inversión pública que realiza el gobierno”.
¿Lo ven? Así piensan y así lo plasman en su Constitución.
No son de otra manera, aunque se les quiera ver con ojos de aliados políticos, como hace el PAN, por ejemplo.
Según la senadora Padierna, “los inmuebles que pagarían este plus valor son los directamente beneficiados por obras de infraestructura, electrificación, mobiliario urbano, reforestación, embellecimiento ostensiblemente caro y que se paga con recursos públicos… es uj mecanismo para redistribuir la riqueza”.
Que no nos vengan a decir los perredistas que se trató de un “mal entendido”. Ahí están los artículos de la Constitución y las palabras de la senadora del PRD que defiende ese impuesto.
Con esa lógica, los inmuebles de Reforma tendrían que pagar, vía impuestos adicionales, el adefesio de púas de concreto que pusieron a manera de camellón.
¿Le preguntaron a la gente si querían esa obra de remozamiento? No. Pero se la cobrarían igual (autoritarismo) para dizque favorecer con ese impuesto a otras colonias y así “redistribuir la riqueza”.
El cobro del predial es redistributivo. Pero hacerlo doble, como se pretendía, es un abuso populista
A ver si algunos personajes en el PAN, como Santiago Creel, “el rey de las alianzas”, toman nota de lo que resulta al hacer ronda con estatistas y populistas.