Plantean defensoría jurídica y psicológica gratuita para docentes

QUERÉTARO, Qro, 5 de noviembre de 2026.- Crear una defensoría jurídica y psicológica gratuita para maestros, así como evitar que sean suspendidos de manera automática antes de que concluya una investigación, son parte de las medidas que contempla la iniciativa “Escuelas seguras, docentes protegidos”, impulsada por el diputado local del PAN, Enrique Correa.

Al responder a cuestionamientos sobre las garantías para los profesores denunciados por presunto abuso o acoso, el legislador sostuvo que la protección de los menores debe ser prioritaria, pero advirtió que también deben respetarse los derechos de los docentes y evitar que se les considere responsables antes de que se valoren las pruebas.

Explicó que, ante una acusación, podría determinarse la separación del maestro de las actividades dentro del plantel como una medida preventiva para proteger a la comunidad escolar; sin embargo, consideró que esto no debe implicar la suspensión automática de sus derechos laborales ni una sanción anticipada.

Correa señaló que ha conocido casos en los que docentes enfrentan suspensiones temporales sin que las denuncias lleguen siquiera a convertirse en procesos penales. Por ello, insistió en que las autoridades deben valorar las evidencias y aplicar los procedimientos correspondientes antes de determinar responsabilidades.

El diputado reconoció que no cuenta con estadísticas sobre el número de quejas o denuncias presentadas contra maestros en Querétaro y apuntó que esa información deberá solicitarse a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).

No obstante, afirmó que durante sus reuniones con profesores encontró preocupación por la falta de respaldo institucional y temor para ejercer su autoridad frente a estudiantes y padres de familia.

La iniciativa también busca fortalecer el papel de los docentes ante situaciones en las que los padres cuestionan calificaciones, evaluaciones o medidas disciplinarias aplicadas a sus hijos. Correa consideró necesario que las familias acompañen los procesos formativos y las sanciones escolares cuando los estudiantes incumplan las normas de sus instituciones.

Respecto al presupuesto, estimó que el principal gasto estaría relacionado con la contratación del personal necesario para integrar la defensoría jurídica y psicológica. Indicó que primero deberá evaluarse cuántos especialistas se requieren, de acuerdo con el número de docentes y las necesidades de atención.

El legislador sostuvo que la intención no es proteger a quienes incurran en malas prácticas, sino respaldar a los maestros que cumplen con su trabajo y garantizar que las investigaciones se desarrollen sin vulnerar los derechos de ninguna de las partes.