QUERÉTARO, Qro., 1 de julio de 2020.- La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a 22 servidoras y servidores públicos retirar publicaciones con promoción personalizada por COVID 19, lo que deberán hacer en un plazo no mayor a 24 horas, mientras que a 41 funcionarios les ordenó no incurrir en acciones que puedan ser contrarias a la equidad electoral.

Entre los primeros se encuentra el alcalde de Corregidora Roberto Sosa Pichardo, entre los segundos los legisladores local y federal Leticia Rubio Montes y Mauricio Kuri González.

En el comunicado indicó que durante abril, mayo y junio el INE certificó y documentó tanto publicaciones, notas como fotografías en páginas de internet y redes sociales en las que los servidores promocionaban la entrega de apoyos.

Inició de oficio, Procedimientos Especiales Sancionadores por el posible uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, lo que pudiera afectar las condiciones de equidad de cara a los próximos procesos electorales federal y locales.

Entre los 22 servidores que deberán abstenerse de promover la entrega u ofrecimiento de bienes y productos durante la emergencia sanitaria, así como de la respectiva difusión o publicidad se encuentra Roberto Sosa Pichardo, Presidente Municipal de Corregidora.

RECHAZA MEDIDAS CAUTELARES

Entre los 41 a quienes de quienes se investigó, pero se rechazó implementar medidas cautelares se encuentran la diputada local Leticia Rubio Montes y el senador Mauricio Kuri González. Se les ordenó actuar con cautela y no realizar promoción personalizada.

En la mayoría de los 41 casos los enlaces o promoción ya había sido retirada, mientras que en 19, los integrantes de la Comisión consideraron que son publicaciones o material que corresponden a ejercicios de cobertura noticiosa, o son aquellas en las cuales la ciudadanía realizó denuncias o las hizo del conocimiento público a través de la mención de fuentes noticiosas, hechos que en principio tienen cobertura legal y, por ende, no existe base para analizarlas bajo la óptica de una medida cautelar, ya que no se advierte que se trate de contenido pagado, administrado o controlado por los servidores públicos involucrados y son publicaciones amparadas en la libertad de información y prensa.