Teresa Gil

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La idea de que este siglo sea el del Poder Judicial parece que está se cumpliendo, aunque no como se ha previsto. Ante las muchas denuncias que se han hecho contra un aparato en el que descansa la fase final de la justicia, de corrupción, retrasos, incluso acosos sexuales, la situación se ha tratado de paliar con la intervención de personajes con fuerza moral. Pero un fenómeno que no fue ajeno en el pasado a la Suprema Corte el litigio de oreja y la manifestación pública  de inconformes, se ha recrudecido en los últimos tiempos sobre todo el primero. Como se dice en  broma en el norte, ya son muchos los que “van a pedir chichi” en franco lloriqueo, como si la justicia fuera cuestión quejumbrosa. Así lo hizo Silvano Aureoles ex gobernador de Michoacán y lo acaban de hacer algunos de los científicos indiciados por el asunto de Conacyt y  otros  cuyos nombres no trascienden al público. Aureoles no fue recibido. Los quejosos adelantan vísperas en una demanda de justicia que no está apoyada en argumentos legales de expediente.

LA MADRE JUDICIAL Y LA FORTALEZA COMO REFUGIO, PARA CURARSE EN SALUD

 La reiteración de buscar refugio ante el poder judicial con denuncias  que no están respaldadas ante un juzgado, ha sido cosa de los opositores a este gobierno, que han visto la postura de algunos jueces contra la 4T. El caso más notorio ha sido el del Trife y el del juez Juan Pablo Gómez contra la ley eléctrica y unos pocos que lo acompañaron. El famoso litigio de oreja es una actitud permanente de los grandes despachos del país y de litigantes famosos. Es la vinculación directa que se da  entre la gestión privada y un poder. Técnicamente no está prohibida, pero desde el punto de vista ético el plantear probables soluciones ante un intérprete de la ley, si remueve posturas que en muchos casos están  apoyados en aportes económicos. Las sospechosas resoluciones del juez Juan Pablo Gómez ya mencionado, en amparos que se dieron en cascada, puede arrojar al respecto, una presunción. Es, por otra parte, una negación de justicia indirecta, porque los grandes núcleos que no pueden acceder a la presencia de un juez o de un  ministro y no tienen cerca un  juzgado, no pueden hacer gestión directa ante un juzgador. Si el poder judicial siempre se queja de la acumulación de expedientes, ese tipo de visitas quita además tiempo y deja abierta la sospecha de una negociación.

SE ACORDARON DE PRONTO QUE EXISTE LA LEY Y UN PODER QUE LA INTERPRETA 

Ahora muy giritos, muchos hablan de recurrir a la Corte para  obtener lo que no pueden conseguir  en las urnas. Marko Cortez acaba de anunciar que el PAN recurrirá a ese tribunal para plantear inconsistencias jurídicas en la revocación de mandato que será sometida  a consulta el próximo 28 de marzo. Esa actitud exhibe que no es necesaria esa consulta o sea, que plantean vía libre al legítimo poder que está en  palacio nacional. El argumento es el gasto que se generará, pero ha trascendido que todos los aliados en contra, temen un rotundo fracaso y una ratificación plena al presidente. Aureoles se orientó por otra parte y buscó “chichi”  al estilo norteño, para acusar a AMLO de estar vinculado al narco. Aliados a magistrados del Trife, consiguieron que éste  aprobara  la gubernatura al nuevo gobernador de Michoacán, pero hizo hincapié que en cuatro municipios participaron narcos, los que  se desarrollaron durante el sexenio de Aureoles y a los que se les dio credencial para votar desde el INE. El mismo Trife fue omiso, no obstante, en señalar las muchas denuncias que se hicieron contra el ahora gobernador de Nuevo León  y la intervención directa de su esposa en actos ilegales de gestión.