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CIUDAD DE MÉXICO, 7 de agosto de 2018.- Por diversas irregularidades acreditadas en los ingresos y gastos de los candidatos en el proceso electoral del 2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó imponer multas por 872 millones de pesos, equivalentes al 8 por ciento de la totalidad de los recursos involucrados en las campañas.
Aprobó los dictámenes y proyectos de resolución sobre las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos y candidatos independientes a los cargos de Presidente de la República Mexicana, Senadores y Diputados Federales del Proceso Electoral Federal 2017-2018, y a los diversos cargos de elección popular de las elecciones concurrentes en 30 entidades del país.
Derivado de la fiscalización detallada en un comunicado, el pleno determinó imponer multas por 296.4 millones de pesos por faltas en elecciones federales y 576.2 millones de pesos por inconsistencias respecto de los informes de elecciones locales, conforme a la siguiente tabla:
Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova dijo que esta fiscalización es resultado de la aplicación del modelo aprobado en la reforma electoral de 2014 a plenitud. Añadió que, en el modelo actual del sistema electoral, el financiamiento público a la política es indispensable para generar equidad en las contiendas y transparencia en los recursos destinados a la competencia electoral.
“El 88 por ciento del dinero ejercido en las elecciones de este año, provino del financiamiento público y solo el 12 por ciento correspondió a recursos de particulares; esto significa que casi nueve de cada 10 pesos del dinero utilizado para recrear la competencia democrática es plenamente rastreable y no tuvo mayor interés que asegurar el predominio del interés público en las campañas”, destacó.
El Consejero Presidente afirmó que la experiencia de la elección de 2018 demuestra que el dinero puede no ser determinante en los resultados si se cumple con tres condiciones: si la competencia es imparcial y equitativa; si se cuenta con las instituciones para hacer valer el sentido del voto libre, y si la ciudadanía puede informarse y es consciente de que puede votar en libertad.
“Esa es la realidad de la democracia mexicana el día de hoy”. Por su parte, el Consejero Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, destacó que este ejercicio, con sus datos duros, muestra que las campañas fueron equitativas, hubo rendición de cuentas y hay control del grueso del origen y destino de los recursos involucrados.
“Hoy, en 2018, podemos celebrar que las elecciones fueron contundentemente limpias, pero también que fueron equitativas y que el dinero, un ingrediente presente en la vida de las sociedades y necesario en toda democracia, no se convirtió en un factor disruptivo. Quien ganó cargos de gobierno y de representación lo hizo por la fuerza del voto no por la influencia del dinero”, argumentó.
El Consejero Murayama indicó que, en total, se analizaron 57 mil 563 informes de forma ordenada y en tiempos muy reducidos. Se cargaron al Sistema Integral de Fiscalización más de medio millón de pólizas y, en ellas, hubo constancia de ingresos por 5 mil 334.7 millones de pesos y gastos por 5 mil 192.6 millones.
En total, el personal de auditoría revisó 10 mil 527 millones de pesos entre origen y destino de recursos involucrados en las campañas. Posteriormente, el Consejero Marco Antonio Baños estableció que nunca antes ni el Instituto Federal Electoral ni ahora el Instituto Nacional Electoral, habían tenido ante sí el reto de revisar, auditar y pronunciarse en tan poco tiempo sobre la fiscalización de 17 mil 699 candidaturas que disputaron 3 mil 406 cargos de elección popular, tanto Federales como Locales.
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