MÉXICO, 1 de noviembre 2019.- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejaría de recaudar 50,000 millones de pesos si se aprueba legalizar los denominados autos chocolate, estimó Guillermo Prieto Treviño, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Distribuidores de Automotores (AMDA).

“La pérdida de ingresos, provendría por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual en la actualidad es el segundo gravamen que más recursos le deja al erario público”, agregó en El Economista.

“En promedio, el precio de los vehículos que se venden en México es de 300,000 pesos, lo que deja un IVA de alrededor de 42,000 pesos por unidad. Este año, nuestra estimación de cierre es vender 1.3 millones de autos y, de acuerdo con la experiencia previa de regularización y con las proyecciones econométricas que tenemos, venderíamos 900,000 coches para el 2021. Esas 400,000 unidades de diferencia respecto al cierre de este año, por concepto del IVA, son más de 50,000 millones de pesos”, explicó a medios, Guillermo Rosales Zárate, director adjunto de la AMDA, en conferencia de prensa.

Refirió que la caída de ingresos por IVA por esta medida sería “muy relevante” para las finanzas públicas, lo cual difícilmente se compensaría con los posibles ingresos que podría generar la regulación de estos automóviles.

Agregó, sin dar un cálculo, que la recaudación de otros impuestos que podrían verse afectados sería la del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

El miércoles, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, la minuta de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal del 2020, cuyo dictamen ratifica las modificaciones realizadas por el Senado de la República, salvo el artículo transitorio relacionado con los llamados autos chocolate en el que insistieron los diputados federales.

Dicho transitorio había sido eliminado por el Senado de la República tras los reclamos de la industria automotriz; sin embargo, ahora se espera la discusión de éste en la Cámara Alta la siguiente semana.

“Si el pleno de la Cámara de Senadores vota en su mayoría para eliminar esta disposición, es un asunto que queda finiquitado en el proceso legislativo. La última instancia es la siguiente sesión, donde se tendrá que votar un sí o no. No hay más espacio para que continúe esta discusión”, aseveró Rosales Zárate.