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El Observatorio Ciudadano de Movilidad hizo énfasis en que sí podría revocarse la concesión de los transportistas, ya que atentaron contra el derecho a la movilidad de los ciudadanos.
QUERÉTARO, Qro., 9 de julio de 2015.- “No es a través de la presión ejercida sobre las y los habitantes de Querétaro como se ha de realizar el incremento (a la tarifa de transporte), en caso de requerirse”, advirtió el Observatorio Ciudadano de Movilidad en Querétaro, esto luego de que ayer mil 200 unidades del transporte público en la capital queretana y la zona metropolitana realizaran un paro en el servicio desde las 5:30 horas, afectando a cientos de usuarios de Red Q.
El Observatorio manifestó que la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro (LMTEQ), establece las condiciones que han de actualizarse para lograr el incremento de la tarifa, si tal fuera el caso.
“El artículo 163 habla del estudio técnico necesario que ha de ser presentado por los accionistas a la autoridad para la revisión de la tarifa” y se establecen los elementos a considerar, como el diagnóstico del servicio y un análisis del impacto socioeconómico que generaría en los usuarios.
Ante esta situación, lamentaron que ayer cientos de usuarios de Red Q se hayan visto afectados al no poder llegar a tiempo a sus trabajos, escuela o incluso citas médicas, y recalcaron que este impacto no lo merece una de las 50 «ciudades mundiales del futuro”, como lo es Querétaro.
Asimismo, el Observatorio hizo énfasis en que sí podría revocarse la concesión de los transportistas, ya que atentaron contra el derecho a la movilidad de los ciudadanos.
“Vivimos en un Estado de derecho y como tal, la LMTEQ establece las sanciones perfectamente aplicables a la situación que padecimos. El artículo 218 dice a la letra: procede la revocación de la concesión cuando: iii) No se preste el servicio con la eficiencia, uniformidad y regularidad requeridos; vii) Se suspenda el servicio no existiendo motivos de fuerza mayor o caso fortuito”, precisa un comunicado emitido.
Finalmente hicieron un llamado tanto a los concesionarios como a las autoridades a buscar una salida “que deje de tener a la ciudadanía como rehén de una situación que afecta a siete de cada 10 personas en la zona metropolitana”.