Visión Financiera 

Traxión, solidaridad sobre ruedas 

Durante 2025, México vivió un año que, lejos de consignar solo cifras climáticas, puso a prueba la capacidad de respuesta institucional frente a inundaciones, huracanes y fenómenos meteorológicos extremos que se hicieron sentir en estados como Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro. Por ello, la resiliencia fue clave. 

En este contexto, la tradicional división entre sector público y privado se difuminó en un esfuerzo práctico y necesario. Si bien, el Gobierno Federal mantiene la responsabilidad constitucional de coordinar la seguridad, censar damnificados y habilitar la infraestructura básica, los brazos filantrópicos de la iniciativa privada fueron aliados operativos esenciales para hacer llegar auxilios con rapidez y eficacia.

A diferencia de las respuestas reactivas del pasado, largas filas, ayuda estancada en centros de acopio o recursos que nunca llegaban a las comunidades afectadas, la experiencia de 2025 contrastó por la colaboración activa con autoridades permitió combinar capacidades institucionales con la agilidad logística de empresas privadas.

Un ejemplo de esto fue el caso de la Fundación Traxión, a cargo de Alejandra Méndez, que con su eje de Axión Logística demostró que la solidaridad depende de la acción coordinada. A lo largo de múltiples emergencias, Axión Logística ejecutó 685 viajes, movilizó recursos para 330 instituciones y benefició a 120,000 personas, además de apoyar a más de 235,000 beneficiados a través de iniciativas conexas. 

Su presencia en zonas de difícil acceso fue, en muchos casos, determinante para garantizar la entrega de víveres, medicamentos y materiales esenciales cuando la infraestructura estatal todavía estaba en proceso de activación.

Empresas con filiales filantrópicas respondieron al llamado de emergencia con recursos específicos y focalizados en necesidades críticas. Por ejemplo, la Industria Mexicana de Coca-Cola a cargo de Louis Balat  y su fundación a cargo de Rodrigo Feria Cano, destinaron millones de pesos en apoyo humanitario tras las inundaciones y la tormenta tropical Raymond, con plantas potabilizadoras móviles y la entrega de despensas y kits de higiene para comunidades afectadas en Puebla, Veracruz e Hidalgo, todo ello en estrecha coordinación con autoridades locales y federales.  

Este tipo de intervenciones repara la debilidad estructural en la respuesta tradicional al desastre, la logística y la última milla. A menudo, contar con ayuda es solo el primer paso. El verdadero reto es hacer que llegue en tiempo y forma a quienes más la necesitan. Allí, los brazos filantrópicos aportan su experiencia en gestión operativa, redes de transporte y capacidad de movilización rápida.

La creciente dependencia de capacidades privadas para operaciones que antes eran exclusivas del Estado sugiere una revisión de las políticas públicas de emergencia. ¿Hasta qué punto la logística de respuesta ante catástrofes debe integrarse al aparato estatal de forma permanente? ¿Estamos viendo una privatización funcional de tareas que, por mandato constitucional, deberían garantizarse desde el sector público?

La discusión es válida y necesaria, pero 2025 también dejó claro que la solidaridad, cuando está bien organizada, salva vidas. Comunidades enteras que podrían haber quedado aisladas recibieron apoyo oportuno gracias a la conjunción entre la maquinaría del Estado y la eficiencia logística de organizaciones privadas comprometidas con el bien común.

Estas sinergias no deben verse sólo como acciones filantrópicas, sino como una nueva forma de resiliencia nacional. La tragedia natural ya no es solo una emergencia que hay que atender; es una prueba constante de nuestra capacidad de coordinación, de aprender y de responder colectivamente con agilidad, dignidad y resultados concretos.

*** Déjà vu en el ISSSTE

El arranque de 2026 ha traído sobresaltos de todo tipo, pero uno pasó casi de puntitas: el ISSSTE, que dirige Martí Batres, entregó un contrato multimillonario a una empresa vinculada al llamado cártel de la limpieza.  En la víspera de Navidad, el Instituto adjudicó el servicio de aseo, higiene y desinfección de sus inmuebles por hasta 2 mil 412 millones de pesos a Hurga Sanitización y Limpieza, firma asociada a José Juan Reyes Domínguez, personaje conocido en el sector por su capacidad de sortear expedientes, denuncias y cambios de administración. 

Quienes conocen del tema aseguran que detrás de la asignación está la Dirección de Administración del ISSSTE, a cargo de Omar Butrón Fosado, quien habría autorizado requisitos que limitaron la libre competencia. Entre ellos, la exigencia de la NOM-241-SSA-2012, una norma derogada desde julio de 2024. 

El procedimiento es una copia casi exacta del que se utilizó en el IPN en febrero de 2025, donde una jugada similar le costó el cargo a su administrador. ¿​​Déjà vu?

*** Nepotismo con disfraz

Si bien la idea de establecer un principio de paridad de género en la alternancia gubernamental de los estados suena, en esencia, como algo bueno, justo, es inevitable toparse de frente con el descaro del potosino Ricardo Gallardo, que instrumentaliza una causa legítima para perpetuar su linaje. 

La llamada ‘Ley Ruth’ o ‘Ley Esposa’ busca blindar la candidatura de su esposa en 2027 bajo el disfraz de una acción afirmativa. Este uso faccioso de la ley pervierte el espíritu de la igualdad sustantiva y la convierte en un vehículo de nepotismo puro. 

La presidenta Claudia Sheinbaum ya puso la lupa sobre esta reforma local, cuya constitucionalidad ahora revisa el equipo de Arturo Zaldívar. El mandatario estatal utiliza una prioridad nacional para asegurar el control familiar sobre la entidad. 

San Luis Potosí no requiere cuotas de género diseñadas a medida de una familia, sino procesos democráticos libres de ventajas dinásticas. El derecho de las mujeres a gobernar no debe servir como pretexto para la herencia del poder.

*** Democracia sindical, un escollera en la revisión del T-MEC

Los sindicatos de Estados Unidos piden a la representación comercial de su país  (USTR por sus siglas sen inglés) que exija al gobierno de México: elecciones sindicales, totalmente libres, secretas y verificables (supervisadas internacionalmente cuando sea necesario); eliminación total de sindicatos de protección; transparencia total en votaciones y legitimaciones, rendición de cuentas en aportación de cuotas, manejo de recursos de los trabajadores y estructura interna sindical.

El mejor botón de muestra de la corrupción sindical la encara Alejandro Martínez Araiza quien en su mensaje de año nuevo a los sindicalizados tuvo la desfachatez de decir: que el año pasado había realizado elecciones libres y transparentes, que los grabadores había recibido en beneficios 30 veces más de la aportación de sus cuotas, que es el líder con más logros en América Latina y porque ha logrado en las negociaciones contractuales lo que la mafia sindical “no ha logrado”.

Los trabajadores disidentes siguen esperando respuesta sobre los 500 millones de pesos, producto de las cuotas sindicales que se ha embolsado en los últimos años; así como los millones de pesos que recibió por la venta del edificio sindical. Las autoridades laborales y el comité ejecutivo del SNAC siguen en la complicidad.