El miedo es la clave del control

Pablo Hiriart

                Infundir miedo es la forma de gobernar del Presidente. Las amenazas las lanza a diario contra quienes considera sus adversarios o podrían llegar a serlo.
                También lo hace para justificar los errores de su gobierno. Y le funciona. Todos quietos.
                Pero sobre la base del terror y la amenaza no se construye una patria mejor.
                Los empresarios están aterrados y no chistan. Los dirigentes de oposición se hicieron chiquitos para que no los vean. Los gobernadores lo adulan en público porque están temblando. Y en los medios, bueno, hay excepciones.
                En la reunión con los gobernadores celebrada el martes en Palacio estuvo presente el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. No habló ni había motivo para su presencia. Estuvo ahí para que los gobernadores lo vean. ¿Entienden de qué se trata? Les enseñaron al verdugo, que puede actuar o no, según la voluntad presidencial.
¿Se van a portar bien o no los gobernadores? Los diputados y senadores de oposición, que en muchos casos tienen una relación estrecha se la deben a sus gobernadores, ¿van a jalar o no?
Ya lo saben, Nieto no hace nada sin la anuencia del Presidente. Lo dijo él.
Falso es el argumento de “el que nada debe, nada teme”. A cualquiera le ponen un delito, lo exhibe el propio Presidente, le dan un apretón fiscal, o lo mandan a la cárcel por una presunción, como ha ocurrido. Así son los regímenes autoritarios. Los hemos vivido en México y otras latitudes.
                En el Senado está la iniciativa presidencial para que un juez pueda decretar arraigo por la sospecha de cualquier delito, no sólo delincuencia organizada. Se solicita, por parte del Ejecutivo, que el juez pueda autorizar la intervención de comunicaciones cuando hay sospecha de delitos electorales.
                ¿Y quién sospecha para solicitar el arraigo o el espionaje? El gobierno.
                Todos los empresarios son sospechosos de evasión fiscal, porque puedan hacerlo.
Todos los dirigentes políticos son sospechosos de cometer delitos electorales, porque podrían incurrir en ellos.
Y la sospecha es cárcel, o arraigo, desprestigio, aún antes de que un juez declare culpabilidad o inocencia.
¿Quién será el guapo que haga oposición, financie medios críticos, o le diga que no al Presidente?
Lo tenemos ante nuestra mirada: no se trata de castigar la corrupción o los excesos, sino sólo los de sus adversarios, para infundir miedo y paralizarlos.
En el equipo gobernante hay casos de enriquecimiento evidente, y no se tocan.
A Romero Deschamps, ex dirigente sindical de conocidos excesos, cuyo hijo tiene un auto de súper lujo, lo fuerzan a renunciar y lo persiguen.
Y a Napoleón Gómez Urrutia, dirigente sindical con vida de millonario sin trabajar y que su hijo tiene treinta y tantos coches de lujo, lo encumbran al liderazgo obrero, le dan fuero, una senaduría y lo reciben en Palacio Nacional.
¿Ya vieron cuál es el camino para que no les pase nada?
Lo que hicieron con el avión presidencial fue una salvajada. ¿Algún dirigente opositor ha presentado una denuncia por daño patrimonial a la nación por ese capricho? Nadie.
Con el aeropuerto de Texcoco fue igual y mucho más oneroso. ¿Qué partido los ha denunciado en la FGR por tirar a la basura cientos de miles de millones de pesos?
El terror no crea una sociedad mejor, sino alienada y obediente a todo. Empequeñece al ciudadano y a sus representantes, aunque no la deban.
Tampoco favorece a la economía, porque el empresario lo piensa dos veces antes de invertir con un gobierno que lo amenaza y hostiliza.
López Obrador culpó al outsourcing  de la caída del empleo y les dijo ayer a los empresarios: “en caso de que resulten responsables (de contratación ilegal) significa ir a la cárcel sin derecho a fianza”.
Muy bien que se castigue el outsourcing ilegal, bravo, pero también existió en los gobiernos anteriores que sí crearon empleos, y éste no.
Vuelvo al dato: López Obrador recibió de su antecesor, a las 12 de la noche del 30 de noviembre de 2018, un país con 20 millones 457 mil empleados en la formalidad, inscritos en el IMSS.
Y trece meses después, el 31 de diciembre de 2019, entregó la cuenta de 20 millones 421 mil trabajadores formales, afiliados al IMSS. Ni uno adicional: 36 mil menos.
El fracaso en la creación de empleos es suyo y no de los empresarios, que no van a invertir bajo amenazas y a la espera de un “echeverriazo” en cualquier momento.
Esa amenaza fue ayer. Anteayer les tocó a los empresarios que van a construir el Tren Maya: “La empresa que no actúe con responsabilidad se volverá famosísima, porque aquí la vanos a estar mencionando y va a adquirir fama mundial, además de todos los procesos legales en su contra”.
Por el error de haber lanzado el INSABI sin planeación ni recursos, el presidente amenazó a quienes cobraran por servicios médicos en los hospitales públicos. O sea, amenazó a su propio gobierno porque la secretaría de Salud explicó que sí se cobraba en los casos llamados de tercer nivel y lo seguiría haciendo.
¿Resultado? Médicos y funcionarios de hospitales están confundidos, paralizados por el miedo,  pacientes sin atención, y una secretaría de Salud que un día dice una cosa, al día siguiente otra, y hace exactamente lo contrario. ¿Por qué? Para no contradecir al Presidente. Le tienen pavor.
Así no funciona un país de libertades. Todos aterrados, alienados, amenazados.
De esa manera funcionan otro tipo de países, totalitarios, que han resultado un fracaso.
¿Eso queremos para México? Parece que sí.