Uso de razón|Pablo Hiriart

                Hacia la confrontación permanente

Pablo Hiriart

                La reforma constitucional que da entrada a la consulta popular para la revocación de mandato al presidente y gobernadores no es una carta blanca para la reelección: la frena por esa vía.
Sin embargo el país será escenario de un forcejeo político sin tregua para derribar legalmente a las autoridades.
Los incentivos serán para el enfrentamiento y no para los acuerdos.
¿Por qué un partido opositor le va a dar sus votos al partido gobernante en el Congreso a fin de aprobar una buena ley?
Ni de broma. Si lo puede tirar, ¿para qué lo va a ayudar?
Todas las grandes reformas que le han dado viabilidad al país e impiden que estemos en el hoyo a pesar de un mal gobierno, han sido posibles gracias a los acuerdos PAN-PRI en el Congreso.
El TLCAN nos sacó de la crisis del 95 y nos mantiene a flote ahora que la economía se ha caído. Fue un acuerdo PRI-PAN.
Ahora el incentivo será al revés: que le vaya mal al gobierno para que caiga en la consulta intermedia.
                El presidente y los gobernadores vivirán en campaña. Promoviéndose y atacando.
                La tarea de gobernar para el bien de la ciudadanía y las próximas generaciones, quedará anulada.
                Hay que subrayar que tiene una virtud lo que aprobó el martes el Senado, a diferencia de cómo venía el proyecto original: cierra la puerta a la reelección, al menos por esa vía.
                Esta revocación no es, automáticamente, igual a reelección.
                Sin duda buscarán otras vías para intentarlo, porque la idea es reelegirse, como lo mostró el grosero experimento de Baja California.
Dentro de poco Morena tendrá mayoría en la Suprema Corte, o la construirá mediante el expediente de forzar la renuncia de ministros incómodos.
Pero así como está, lo que aprobó el martes el Senado no será un instrumento para alargar el mandato presidencial ni de los gobernadores estatales.
Tampoco estará el presidente en la boleta en las elecciones intermedias, como quería Morena en esta ocasión.
                De todas maneras es una mala ley. Los tres primeros años del presidente los destinará a conseguir su ratificación en la mitad del mandato.
                Y en lugar de aprovechar esos primeros años para construir acuerdos y tomar medidas aunque sean difíciles, la motivación será buscar el fracaso del gobierno.
                Los presidentes, especialmente a los autoritarios que se les dificulta llevar una relación de trabajo con quien piensa diferente, harán todo lo posible por tirar a los gobernadores de oposición mediante consulta popular.
                Es muy fácil hacerlo. Basta con cerrarles la llave del dinero desde la secretaría de Hacienda. Ahorcarlos sin recursos para seguridad, por ejemplo.
                Los gobernadores vivirán bajo el chantaje permanente del gobierno federal y de los grupos radicales y pendencieros en sus estados.
                ¿Cómo van a hacer los gobernadores de los estados más atrasados (Guerrero, Oaxaca, Chiapas), si van a estar a expensas de la extorsión política de grupos magisteriales y otros más violentos, movidos en buena medida por Morena?
                Los radicales pueden poner de cabezas a un estado hasta que el gobierno local ceda al chantaje. Ahora que el gobernador tenga su cargo pendiente del hilo de la consulta popular, más revueltas van a haber.
                Tendremos una dinámica de confrontación permanente y nada de incentivos para los acuerdos.
                Un país como México, polarizado, está condenado al estancamiento.
                Y a que ganen los grillos que dedican su vida a impedir los avances, o de plano a destruirlos.
                Como es el caso.