Trafica CJNG mercurio desde minas de Querétaro a Sudamérica

QUERÉTARO, Qro., 2 de agosto de 2025.- Una red de tráfico de mercurio a gran escala, controlada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue revelada por un informe de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

La organización criminal se habría apoderado de minas en La Plazuela, Querétaro, para extraer cinabrio, una roca que contiene mercurio, y enviarla de forma clandestina a países sudamericanos.

El CJNG, ampliamente vinculado al narcotráfico, extorsión, robo de combustible y huachicol fiscal, ha expandido su control a sectores como la minería ilegal. De acuerdo con el reporte, los criminales dominan todas las minas cercanas a La Plazuela, dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, donde han instalado torres de vigilancia, portones y retenes para proteger sus operaciones.

Personal de la EIA fue amenazado durante sus recorridos por la zona. Un individuo les advirtió con un gesto de degollamiento mientras les exigía retirarse. Posteriormente, los investigadores fueron seguidos todo el día por una camioneta. Mineros locales confirmaron que las minas están bajo control del cártel, lo que ha generado temor en la comunidad.

El cinabrio extraído no es procesado en México. En cambio, se transporta en sacos mezclados con grava para ocultar su contenido real. Los embarques, según el informe, salen de noche rumbo a puertos como Manzanillo o Veracruz, donde funcionarios corruptos permiten su exportación con documentos falsos hacia Colombia y Perú, países que prohíben la importación de mercurio.

La EIA identificó al mexicano Juan José N como el principal operador del contrabando. Él mismo admitió tener más de diez años en este negocio, con envíos anteriores a Panamá e India. Hoy, su red alcanza Bolivia, Colombia y Perú.

El impacto ambiental es ya visible: la explotación sin control ha dañado el río Extoraz. Entre abril de 2019 y junio de 2025, la EIA estima que se traficaron 200 toneladas de mercurio, lo que permitió producir oro ilegal valuado en más de 8 mil millones de dólares, en violación al Convenio de Minamata que México ratificó en 2015.