Sin árbitro

Federico Berrueto

El nuevo INE ha resuelto declinar en su condición de autoridad electoral. Dio resultado el plan C de Andrés Manuel López Obrador. El arribo de cuatro consejeros, especialmente el de Guadalupe Taddei, inclina la balanza hacia el oficialismo. Un buen número de consejeros mantiene una postura independiente, pero no son mayoría. Al menos no lo fueron en la Comisión de Quejas y Denuncias, que resolvió avalar los actos anticipados de campaña de aspirantes del oficialismo. La presidenta de la Comisión, Claudia Zavala, planteaba varias medidas cautelares para frenar el ostensible proselitismo, los consejeros Rita Bell López y Jorge Montaño desecharon el proyecto con argumentos a modo de Morena.

Consejeros del INE afirman que la votación de la Comisión de Quejas puede revisarse por el Tribunal Electoral, el problema es que el INE renuncia a su responsabilidad y traslada su tarea a esa instancia judicial, donde, por cierto, los vientos de complacencia frente al embate de la legalidad electoral también están presentes. La intimidación desde la presidencia ha dado resultado y es difícil que se constituya mayoría en el seno de la Sala Superior, de otra forma ya se hubieran frenado los dos procesos anticipados para seleccionar candidato presidencial.

La ausencia del árbitro lleva la contienda al 2024 a la ilegalidad, al menos respecto de los procesos de selección de candidatos presidenciales y los consecuentes actos anticipados de campaña por los aspirantes. López Obrador hace proselitismo abierto a favor de los suyos y en contra de sus competidores, incluso nombrando con falsedad y hostilidad a quienes se perfilan como aspirantes y eventualmente candidata, como ocurre con la senadora Xóchitl Gálvez, a quien la soberbia presidencial elevó como la prospecto con mayor atención y, consecuentemente, con un exponencial crecimiento en su respaldo. Al parecer López Obrador no entiende que conforme más la ofenda mayor es su posibilidad de ser la candidata y eventualmente ganar la elección. Desde ahora se advierte que un mano a mano Sheinbaum contra Xóchitl favorece a la segunda, como también ocurriría con Beatriz Paredes.

Desde el punto de vista de legalidad, las diferencias de los dos procesos son significativas. En el caso del oficialismo hay una convocatoria signada por un partido, antecedida por una reunión del presidente con los cuatro principales aspirantes y con presencia de los gobernadores afines. Eso hace toda la diferencia respecto a PAN, PRD y PRI en dos aspectos relevantes: se trata de conformar un frente político, entidad reconocida por la ley y, segundo, la entidad organizadora del proceso es mayoritariamente ciudadana, y los ciudadanos como tales no están regulados como sujetos del proceso de selección de candidatos.

En más de un sentido la ilegalidad del proceso de Morena es evidente, en el caso de la oposición es discutible. Si la autoridad electoral es incapaz de declararlo como tal para el primer caso, con mayor razón es imposible que ocurra para el segundo. En este contexto, las reservas de algunos prospectos en la oposición como las senadoras Lilly Téllez, Gustavo de Hoyos o Claudia Ruiz Massieu no se cotejan con la circunstancia política y el dilema que encara la oposición y su rigorismo con los propios los llevaría a un estado de indefensión. Son expresiones duras, pero no injustas: los críticos opositores del método se vuelven tontos útiles de la embestida autoritaria.

En el seno del INE deberán pensársela bien las consecuencias de la declinación de su autoridad. Así como Lorenzo Córdova tenía claridad sobre los términos de su responsabilidad, también la presidenta consejera Guadalupe Taddei la tiene. El problema es que el primero partía de la independencia del poder presidencial y la imparcialidad; la segunda estima que el órgano electoral debe estrechar relación con López Obrador. El problema es que no hay presidente, no hay un mandatario que vea por todos y sea garante de institucionalidad e imparcialidad gubernamental ante la elección. López Obrador es el jefe de campaña de la oposición. Bajo estas condiciones, el INE de Córdova tenía claro que el mayor problema para la conducción de las elecciones era el presidente López Obrador; no para Guadalupe Taddei o, al menos, para ella no es un problema mayor; y así sería si la labor del INE se redujera a organizar las elecciones y no a asegurar que la contienda tenga lugar en el marco de legalidad, equidad y civilidad política.