CIUDAD DE MÉXICO, 6 de noviembre de 2019.- Por hechos ocurridos, en diferentes fechas, en el estado de Guanajuato, donde personal de seguridad privada y de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM) –contratados por una empresa ferroviaria para el resguardo de mercancía— dispararon armas de fuego, privando de la vida a tres personas y lesionando a siete más, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 97/2019 al Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú; al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño; al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y al Fiscal General del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, detalló un comunicado.

Tras analizar ocho quejas remitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, por diversos hechos ocurridos entre el 27 de agosto de 2015 y el 1 de octubre de 2016 en los municipios de Apaseo el Grande y Celaya, este Organismo Nacional advirtió situaciones similares que permitieron establecer un patrón de acciones y omisiones que dieron como resultado violaciones a los derechos humanos a la vida, a la integridad personal, al acceso a la justicia en su modalidad de procuración y a la seguridad jurídica, atribuibles a personas servidoras públicas, por la actuación de personal de empresas de seguridad privada y elementos de CUSAEM.

En el caso de las tres víctimas –dos de ellas personas menores de edad— que perdieron la vida por disparos de arma de fuego en Apaseo el Grande, los testimonios recabados por la CNDH ubicaron a elementos de seguridad privada y de los CUSAEM que viajaban en el tren o a bordo de camionetas como responsables de dichas agresiones, quienes en lugar de agotar otros mecanismos disuasivos, recurrieron al uso excesivo y letal de la fuerza para cumplir las funciones de vigilancia para las que fueron contratados.

Por lo que corresponde a las siete personas lesionadas por disparos de arma de fuego, dos de las cuales eran menores de edad, se determinó que si bien los hechos sucedieron en diferentes fechas en tramos ferroviarios de ambos municipios, existió similitud en las circunstancias en las que participaron elementos de CUSAEM y de empresas de seguridad privada, quienes no observaron los principios de proporcionalidad y de legítima defensa al desempeñar sus labores.

La CNDH constató que personal adscrito a la entonces Procuraduría General de Justicia de Guanajuato omitió investigar los homicidios y las lesiones causadas a las víctimas, como falta de realización de pruebas de balística, extravío de indicios en el lugar de los hechos, dilaciones para solicitar información y realizar entrevistas a los familiares de las víctimas, lo que constituyó violaciones al derecho al acceso a la justicia en su modalidad de procuración.

Continúa en Quadratín México