Política Al Margen|Jaime Arizmendi

*Airbit Club, Ante Autoridades de EU

Argonmexico / Moros con tranchetes… La nueva Ley de Educación en Puebla, aunque fue aprobada por el Congreso Local el pasado miércoles 15 de mayo, alarmó este fin de semana a rectores de instituciones educativas privadas, quienes la califican de «ambigua y peligrosa”.
Es el Consorcio Universitario integrado por seis universidades, el que alerta que la nueva legislación da un mayor control al gobierno local sobre la educación privada, y reclamar a los legisladores no haberlos tomado en cuenta, para analizar la propuesta que presentó el gobernador Luis Miguel Barbosa.
Forman dicho bloque la pública Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y las privadas: Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Universidad Iberoamericana de Puebla (Ibero), Universidad Anáhuac y la Universidad Madero (Umad).
Entre los temas que desataron la polémica, sobresale el artículo de la legislación que señala: los muebles e inmuebles destinados a la educación, incluyendo los particulares, forman parte del Sistema Educativo Estatal, mismo que en redes sociales se interpretó como el camino hacia una “expropiación”.
El artículo 105 de la ley anota: “Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales, y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”.
A través de sus redes sociales, el mandatario estatal negó que se esté pensando en “expropiarlos”, al señalar que el tema está previsto en el artículo 99 de la Ley General de Educación, de aplicación en todo el país, misma previsión que quedó establecida en la ley poblana.
En su descargo, Barbosa Huerta acota que, “su alcance nada tiene que ver con apropiarse de dichos bienes muebles e inmuebles, sino de que los mismos sirvan para los fines educativos a que son destinados”, para pedir también al Consorcio Universitario a que vean “por la educación, y no por sus intereses económicos”.
En torno al tema, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, consideró que la legislación aprobada en Puebla, respecto a bienes muebles e inmuebles, no refleja el espíritu de la Ley General de Educación que el Congreso (de la Unión) aprobó hace unos meses.
«El verdadero objetivo de la Ley Nacional fue y ha sido respetar el papel de las instituciones privadas en la consecución de los fines educativos que establece la Constitución. Ninguna ley local, ahí sí lo afirmo y lo reafirmo, puede ir contra la Constitución».
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), en Puebla se registraron hasta septiembre de año pasado 3,426 escuelas privadas de educación básica, media superior y superior, que representan al 22 por ciento de las 15,383 instituciones que existen en total en la entidad.
Al entrarle al tema, Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Monreal Ávila calificó de “inconstitucional la expropiación de colegios particulares en Puebla. Otra vez la burra al trigo con sus propuestas contrarias al Estado de Derecho, con las cuales está demoliendo a mazazos la confianza en Morena, en la 4T y en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El impresentable Gobernador de Puebla –dijo–, es un troglodita y ahora afecta a Morena con sus propuestas expropiatorias, violando la Constitución y las leyes. Para añadir que la Profeco y otras instituciones públicas, tienen las facultades para evitar abusos en la educación privada.
“En Morena estamos contra la corrupción y los millonarios negocios que se hicieron bajo el amparo de la clase política corrupta de PRI y PAN; pero nunca hemos estado contra las legales inversiones privadas en ningún sector -ni en el energético, donde se van a revisar los leoninos contratos que otorgaron en sexenios anteriores, que ordeñan los recursos públicos y se benefician unos cuantos políticos y empresarios contra el interés público.
“Barbosa se ha transfigurado de la foca aplaudidora que fue, de las reformas privatizadoras de Peña Nieto, a un comunista trasnochado que ni de Morena es, pero cómo nos afecta en demasía con sus ilegales y aberrantes propuestas.
Incluso sostuvo que “los diputados locales de la coalición Juntos Haremos Historia, no conocen los principios de Morena ni el Proyecto de Nación de la 4T, en que se garantiza la concurrencia del sector privado en todos los sectores productivos y sociales, incluyendo el educativo, como inversiones complementarias a la inversión pública”. Ven que el indio es alegre, y todavía le dan maracas…

Otra vez muerto me sigues… Más de 700 personas han denunciado en México un millonario fraude cometido por Airbit Club. La acusan de saquear sus cuentas sin autorización, con el pretexto de garantizar la continuidad de la organización ante la contingencia por la Covid-19, y dejan a la gente sin dinero para enfrentar la crisis sanitaria y económica, al apoderarse de millones de dólares.
Mediante diversas plataformas, cientos de denunciantes acusan directamente a la “master council de Airbit Club en México, Itzeel Gutiérrez Tovías, de ser el brazo ejecutor de este saqueo”. E interponen denuncias ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC-US, Securities and Exchange Commission), que tiene injerencia para sancionar este tipo de delitos en todo el mundo.
“Ya estamos en contacto con personal de la SEC, y mostramos pruebas para que apliquen la ley contra Airbit Club y sus representantes Itzeel Gutiérrez, Renato Rodríguez y Gutenberg dos Santos, estos dos últimos con antecedentes por un ilícito similar cometido en 2017 en Estados Unidos” (SEC. No. 17-civ-00375 CD Cal. Presentada el 2 de marzo de 2017).
La organización internacional Airbit Club, creada hace cinco años en Downey, California, y que ha defraudado a millones de personas en diferentes puntos del orbe, “ya ha sido prohibida en China, Brasil, Italia, Colombia, Filipinas y otros países, para que la gente no invierta su dinero en este fraude.
Airbit Club no está regulada, ni es una empresa, al no contar con registro alguno, ni con oficinas, ni con empleados formales y, por ende, tampoco paga sus impuestos. Opera a través del negocio de criptomonedas y el sistema piramidal (ponzi). Vende ilusiones, pero solo pierden los incautos…