La pérdida del Poder Judicial Federal

El gobierno federal dejó de ser confiable resultado de la parcialidad y del desapego a la ley bajo el supuesto de la superioridad de la causa, que todo lo justifica. Así, se justifica todo y se dispensaba y se dispensa a cualquiera que suscriba el proyecto, incluso aquellos que por miedo o franco oportunismo se suman, como el caso de varios gobernadores y legisladores de otro origen partidista.

Para el de casa todo, para el de fuera insulto, intimidación y, en algunos casos, represión. Para muchos recurrir a la justicia era una vía razonablemente confiable para defender derechos, de inciertos resultados como sucede en todo litigio, pero con la idea de que, al menos en el ámbito federal, habría probidad, profesionalismo e imparcialidad. No siempre ocurría, pero sí en la abrumadora mayoría de los casos.

Tampoco había la oportunidad deseable, pero era problema del procedimiento no del juzgador. Jueces de distrito o tribunales de alzada protegieron a ciudadanos de sentencias parciales y de abusos de autoridad. Ocurría en los asuntos civiles, penales, administrativos y en los de corte electoral; por ejemplo, los precedentes del tribunal electoral fueron trascendentes para las elecciones y para las libertades asociadas, como la de expresión. Sólo como referencia está el crecimiento exponencial de los juicios para la protección de los derechos políticos ciudadanos, una contención a la arbitrariedad de la partidocracia.

Fueron muchas las páginas luminosas de la justicia electoral, hasta que el régimen se hizo de la mayoría en la Sala Superior del tribunal. Ahora el país es testigo de la reversión de lo alcanzado, fallos a favor del poder no de los ciudadanos; ejemplos la validación de la elección judicial o la sanción a ciudadanos, casos de Héctor de Mauleón y El Universal o a Karla Estrella; al amparo de la figura de violencia política de género, la libertad de expresión sufre su más abierta agresión por parte de la instancia judicial electoral.

La protección de la mujer es suplantada por la impunidad de personajes del régimen. Inexplicable que no se haya dimensionado lo que significa la ausencia de una justicia razonablemente confiable. La omisión de los voceros empresariales indica el grado de sumisión de quienes dicen representarlos, así como la apuesta de las grandes empresas por la discrecionalidad del gobernante en lugar de la ley, que dice mucho de ellos y de la singularidad de su relación con el poder.

La ley es vista con reserva; se prefiere el favor gubernamental, que hace sentido para unos pocos en la cúpula, pero no para los millones de empresas expuestas a la extorsión oficial o criminal y que con dificultad sobreviven. La pérdida de justicia confiable invalida el argumento oficial respecto a las reformas recientes en materia de seguridad y las amplias facultades y poderosos instrumentos que se le conceden a las autoridades para combatir al crimen. Por los precedentes, el gobierno no tiene aprecio alguno por la legalidad; no son de fiar porque para ellos no importa la ley o la justicia, sino la causa política propia. Al no haber un sistema de justicia confiable de poco sirve que algunas de las acciones de autoridad requieran de autorización judicial.

El problema es serio para las empresas e igualmente preocupante para los ciudadanos. Regularmente se piensa en la justicia hasta que existe un problema. Casi todos son del ámbito local y es posible que la reforma allí no complique más lo que de por sí estaba mal. El desastre mayor está en el ámbito federal, que es la justicia correctiva, la que daba posibilidad de revertir los actos de autoridad o decisiones legislativas inconstitucionales. Todas las personas sufren una pérdida mayúscula en beneficio de una autoridad sin contenciones o de aquellos con el poder suficiente -económico o de intimidación- para influir en las decisiones judiciales. La ausencia de un poder judicial federal razonablemente confiable no guarda precedente. No es el regreso al pasado, sino el arribo a una situación más perniciosa.

Un despojo y afectación al derecho de justicia ante la indiferencia o complacencia de muchos. Los poderosos pueden recurrir a la influencia, las empresas extranjeras invocar a los tribunales extranjeros para la resolución de diferencias. El problema es para los demás. Una pérdida que el tiempo habrá de dimensionar y mostrar sus efetos. Esta generación no ha asumido responsabilidad de cuidar lo mejor de su herencia.