Opinión|José Luis Camacho Acevedo

Como en otras elecciones desde hace algunas décadas, el narcotráfico se encuentra totalmente inmerso en el actual proceso electoral, de acuerdo con un mapa actualizado de la presencia del crimen organizado en México, el esquema más actualizado de todos los estados donde se disputa el cargo de gobernador, excepto Tlaxcala–, dado a conocer por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que dirige Santiago Nieto, en septiembre pasado.

“Hay presencia y control de los carteles mexicanos transnacionales y/o grupos locales dedicados a narcomenudeo y robo de hidrocarburos entre otras actividades delictivas”, destacó.

La llegada del 2021 —año electoral en México— supone el reacomodo territorial del crimen organizado en el país, que buscará influencia política a través del financiamiento de candidatos, y lo que está en juego, es la cooptación del Estado para perseguir intereses ilegales e individuales, que erosionan el poder del pueblo y el interés colectivo.

La infiltración activa o pasiva del crimen organizado en los procesos electorales constituye un vicio de origen a la voluntad popular, que desde mi punto de vista debería llevar a una causal de nulidad absoluta de la elección, pero es evidente que eso no sucederá.

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, diez de los 15 estados donde se llevarán a cabo comicios electorales, se trata de puntos neurálgicos en el tráfico y producción de drogas tanto para consumo nacional como para los mercados internacionales. 

En este sentido, existe una preocupación mayor, que consiste en la revisión del uso de los recursos de los partidos políticos y de los candidatos para que no se infiltre el dinero del crimen organizado; es decir, ya no es suficiente con fiscalizar que el financiamiento público prevalezca sobre el privado o que no se rebasen los topes de campaña legalmente permitidos, sino el origen lícito de las aportaciones de los particulares.

Una tarea mayúscula.

Hoy en día, después de la detención de Raúl Cantú, candidato a la alcaldía de Salinas Victoria por Movimiento Ciudadano, durante un cateo en el cual también se detuvo a Evaristo Cruz Sánchez, alias “El Vaquero”, líder del Cártel del Golfo de Tamaulipas, se confirma lo aquí expuesto, el narcotráfico se ha infiltrado en casi todos los partidos políticos para obtener un acceso al poder que brinda ser parte del Estado.

Por eso no es raro, escuchar que líderes de los partidos políticos en México se acusen de tener candidatos vinculados al narcotráfico, lo más grave es que en cierta medida es verdad, y los más perjudicados, somos los ciudadanos.