Opinión|Bryan LeBarón

México se unió en días pasados en una frase: “Justicia para Giovanni”. De repente todos vimos en el albañil asesinado a un hermano, a un amigo, a nuestro primo, a otro activista o periodista herido, o a otra de tantas víctimas que ha dejado un México de terror, donde los policías que deberían de cuidarnos, nos desaparecen, nos hacen rehenes, nos detienen y torturan.
Giovanni López de 30 años, murió por traumatismo craneoencefálico el pasado lunes 4 de mayo. Fue presuntamente asesinado por policías en el municipio Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. La razón de la detención lo describe desgarradoramente su hermano: “Nunca pensé que por un Cubrebocas lo iban a matar”. Su cuerpo, tenía signos de tortura: golpes en la cabeza, en el cuerpo y un balazo en una pierna.
Este hecho nos indignó y generó protestas en todos los estados de la República, cimbró a todo un país, el miedo dio paso al enojo colectivo, y se manifestó. Pero no lo podemos explicar como un hecho aislado. Un detonante importante es que hace unos días en Estados Unidos, policías de Minneapolis asesinaron a George Floyd, generando un tenso clima social en aquel país, donde los conflictos raciales salieron, de nuevo, a flote.
Ya sea en Estados Unidos o en su vecino del sur, este nuevo brote de indignación lo explica de reveladora forma el senador Mitt Romney, quien publicó en redes sociales acompañando de una fotografía: “Este es mi padre, George Romney, participando en una marcha por los Derechos Civiles en los suburbios de Detroit a fines de la década de 1960: «La fuerza por sí sola no eliminará los disturbios», dijo. «Debemos eliminar los problemas de los que provienen».
George Rommey, cabe mencionar, un férreo defensor de los derechos humanos nació en Chihuahua, tierra que adoptó a mi familia LeBarón. Compartieron identidad religiosa, además de un gran amor por la identidad cultural, por la diversidad y el respeto a lo diferente, que nos enriquece como comunidad.
Mencionamos el caso de Estados Unidos, porque el descontento e indignación también nos alcanzó. Aquí en México lo racial también mata y segrega, pero el principal victimario hoy, es el estado de corrupción en el que nos desenvolvemos, una putrefacta impunidad que corroe por todos lados y a la complicidad entre criminales y autoridades a muy altos niveles.
No es la primera vez que policías están involucrados en la desaparición o asesinatos de mexicanos. Podemos recordar a los 43 muchachos estudiantes de Ayotzinapa, una normal de maestros situada en Guerrero.
La crónica describe a un grupo de normalistas trasladándose de su centro de estudios a Iguala en autobús. Al llegar ahí son detenidos por policías municipales, 43 son golpeados y sometidos para ser llevados a Cocula, municipio aledaño, donde según “la verdad histórica” fueron incinerados en el basurero municipal.
Hace algunos meses visitamos Cocula. Fuimos a expresar todo nuestro respaldo a los papás de dos menores asesinados por el crimen organizado. Dos niños que vendían algunos alimentos a orilla de carretera para llevarse unos cuantos pesos y sobrevivir a la pobreza que impera en la zona, fueron baleados frente a su padre.
Aprovechamos para conocer de primera mano, el sitio donde según las versiones oficiales, habían sido desaparecidos los estudiantes. Recorrimos una amplia distancia del centro urbano hasta el basurero. Bajamos a pie hasta el fondo del tiradero, nos acompañaban líderes y activistas de la zona, y coincidimos plenamente con ellos: era imposible que se pudiera incinerar ahí un cuerpo.
Ni el terreno ni el clima lo hubieran permitido. Pero lo grave es que para que exista una mentira oficial, es que alguien la respalda, y cuando hablamos de que son las autoridades encargadas de procurar justicia al más alto nivel, la mal llamada “verdad histórica” la presentó el entonces Procurador General de la República; entonces ¿qué podemos esperar de las policías locales? Que, sin supervisión, mal pagadas, sin capacitación, sin filtros para elegir a sus miembros, son presa fácil del crimen organizado, y muchas veces, se vuelven el brazo armado institucional de estos grupos criminales.
Lo que se evidencia es una debilidad de la policía municipal que se tornó peligrosa. De acuerdo al análisis del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sólo 1 de cada 100 policías municipales, estatales y federales que no aprobaron las pruebas en los primeros 11 meses de 2019, fueron separados de sus cargos.
Entre el 1 de enero y el 31 de noviembre del año pasado, 27 mil 361 elementos no acreditaron las pruebas que, la Ley Nacional del Sistema Nacional de Seguridad, marca como requisito para poder desempeñarse en sus puestos de trabajo, sólo 392 fueron dados de baja de su cargo.
Lo peligroso: Estos son los cuerpos policiacos que están en tus calles, que dependen de alcaldes que muchas veces llegan a sus puestos al adquirir compromisos con el crimen organizado. Son los policías que mataron a Giovanni, que desaparecieron a 43 jóvenes, pero que inician la cadena cuando aceptan una mordida de 200 pesos por perdonarte una infracción. Ahí también da comienzo la corresponsabilidad.
Y mientras, ¿qué hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Buscando cambiarse el nombre a Procuraduría de los Pobres, de nuevo sesgando el trabajo, polarizando. Pediría mejor elevar su actuación, evolucionar de las bien aventuradas Recomendaciones, a la acción vinculante. Ponerle dientes para defendernos a todos, ante la injusticia, y la policía cómplice y delincuente. Hoy podría tomar un papel protagónico, porque para testigos ya tenemos a muchos… y es que debemos repensarnos como país porque ya no sabemos quiénes son los malos.