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QUERÉTARO, Qro. 1 de septiembre del 2016.- Javier Rascado, titular de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Querétaro, anunció que no habrá prórroga para que los sujetos obligados en entidad transparenten la información de los recursos públicos que utilizan, por lo que los exhortó a cumplir con esta determinación que se estableció para el cinco de noviembre de este 2016.
“Para el cinco de noviembre tiene que estar funcionando la plataforma en Querétaro, y todos los formatos deben estar ya en línea para que puedan ser consultados por la ciudadanía”.
Los sujetos obligados que deberán presentar su información son los tres poderes del Estado, los 18 municipios, los órganos constitucionalmente autónomos, los órganos administrativamente autónomos, así como toda aquella dependencia que reciba recursos públicos para su funcionamiento por lo que en este rubro se integran los partidos políticos, asociaciones políticas, sindicatos y fideicomisos.
La información que deberán hacer pública estos sujetos obligados es la contenida en el artículo 66 de la ley de transparencia del estado de Querétaro y el 70 en la Ley General, mismas que contemplan toda la información referente al manejo de recursos públicos, datos financieros, operativos y de infraestructura que deberán subirse en los portales de transparencia de cada dependencia.
“El plazo se vence el 5 de noviembre, pero nosotros hemos estado trabajando con cada uno de los sujetos obligados, incluso el día de hoy tuvimos una reunión con los titulares de acceso al información, ya que en este momento el INAI está capacitando a los sujetos obligados para el llenado de los formatos, ya que la plataforma aún presenta algunas fallas y deben llenarse los espacios con cuidado”.
Cabe destacar que en el estado de Querétaro se tienen registrados cerca de 60 sujetos obligados que utilizan recursos públicos, incluyendo a los sindicatos y a los partidos políticos.
“En términos de la ley se establece que habrá sanciones en contra de los sujetos obligados que no cumplan con esta determinación misma que establece desde amonestaciones, multas de 150 salarios hasta mil salarios mínimos, que pueden rebasar los 100 mil pesos, además que existe la ley de responsabilidad de los servidores públicos que pueden generar faltas administrativas”.