La 4T vs las energías limpias y el bolsillo del consumidor

Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaro inconstitucional el decreto Nahle contra las empresas privadas que generar energías limpias por atentar contra la libre competencia, sustentabilidad y transición a las energías limpias, esto además de que Roberto Velasco, encargado del despacho para América del Norte de la cancillería de México admitió que sí existen compromisos en el T-MEC, que engloban a la energía eléctrica.

Aun cuando la Corte ya advirtió sobre la inconstitucionalidad de estas acciones, la presidencia de la República mando una iniciativa al Congreso para modificar la ley, que además clasificó como preferente, lo que quiere decir que se tiene que estudiar en este periodo ordinario de sesiones del Congreso, un total sin sentido, además de ahuyentar las inversiones, contaminar y que el producto final es que la luz será mucho más cara.

En la actualidad se hacen rondas para consumir energía, donde la CENACE debe primero consumir las energías más baratas, dejando al final los combustóleos, el carbón y demás formas de generación de energías que son mucho más caras y contaminantes.

Para que se dé una idea las ineficiencias operativas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocaron pérdidas por 58 mil 422 millones de pesos en 2019, gracias a carencias en los servicios de generación, transmisión, distribución y suministro de energía, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Para 2019, los costos por una deficiente generación de electricidad ascendieron a 31 mil 57 millones de pesos; 26 mil 364 millones de pesos fueron en transmisión y distribución, no obstante, estas incompetencias se cargaron a las tarifas de los usuarios finales de los sectores comercial, de servicios, así como a los de mediana y gran industria, es decir la incompetencia de la CFE la pagamos tod@s.

La energía hidroeléctrica vale 3 veces más, la de ciclo combinado 4 veces más y la termoeléctrica 5 veces más que la solar o la eólica, y evidentemente quienes pagan esos costos son los consumidores.

En resumen, no existe una sola razón de carácter económico, de carácter sustentable, de carácter ecológico que motive esta reforma que representa un verdadero atraso al siglo antepasado con carbón, no existen razones lógicas, solo ideológicas para una decisión tan poco razonable.