Indicador Político|Carlos Ramírez

El debate respecto a presuntas irregularidades de gobiernos anteriores que podrían no configurar delitos penales ni administrativos ha quedado centrado en las figuras emblemáticas de dos expresidentes: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y se quiere agotar en asuntos negativos excluidos del contexto de reforma del modelo económico.

El modelo neoliberal que quiere anular el presidente López Obrador tardó trece años en construirse y consolidarse: del Plan Global de Desarrollo de 1980 a la aprobación del Tratado de Comercio Libre en 1993 y tuvo su centro dinamizador en tres reformas determinantes: la del modelo económico de Estado, la del discurso del liberalismo social y sobre todo la definición del Estado autónomo de compromiso sociales.

Las dificultades legales de las reformas lopezobradoristas bloqueadas en tribunales forman parte del verdadero adversario de la 4ª-T: el modelo neoliberal salinista no nació de decisiones aisladas, sino que primero modificó la Constitución para crear el espacio de decisiones de gobierno. El punto clave fue la reforma del Estado que comenzó en 1983 con Miguel de la Madrid y terminó con el tratado de 1993. El punto central se localiza en el discurso pronunciado por Salinas de Gortari en 1985 para explicar el nuevo modelo neoliberal con Estado ajeno a los compromisos sociales que tenía el viejo Estado de bienestar de la Revolución Mexicana. En ese discurso, Salinas de Gortari dijo que el Estado ya no era más el espacio de la contienda entre clases sociales.

El modelo económico de la 4ª-T se basa en una reconstrucción del viejo Estado priista de intervención directa del Estado en la actividad económica, en la rectoría del desarrollo y en la prioridad de la empresa pública. Además de la privatización del Estado, Salinas de Gortari promovió la privatización de la economía, liquidando el viejo modelo de economía mixta. Hoy, el modelo lopezobradorista se basa en reconcentrar la actividad económica en el Estado como agente productivo y no solo gestor de la actividad privada.

Con o sin consulta, las posibilidades económicas de la 4ª-T dependen de la capacidad legal que reconstruya el Estado para evitar los bloqueos legales. De la Madrid y Salinas de Gortari modificaron la Constitución en los artículos de dominio económico del Estado para establecer el criterio de funcionamiento del mercado. En este sentido, la 4ª-T ha retrasado las decisiones para definir en un discurso-eje del nuevo Estado social de la economía y no se ha preocupado por las reformas constitucionales neoliberales que son la justificación legal para frenar, por ejemplo. las reformas eléctrica y de hidrocarburos.

La 4ª-T desaprovechó la ventaja política de la mayoría legislativa en la primera parte del sexenio y ahora padece desventajas por la pérdida legislativa de las elecciones del pasado 6 de junio. Sin una reforma contraneoliberal del Estado no podrán avanzar las decisiones de configuración de un nuevo Estado como agente directo en la economía.

La consulta en nada ayudará a modificar la estructura legal de la economía de Estado neoliberal salinista y lo peor de todo será que tampoco modificará el estatus de libertad de los expresidentes y sus funcionarios porque hasta hoy no hay expedientes judiciales que prefiguren acusaciones de delitos económicos en el pasado. Por ejemplo, no parece haber en el gobierno actual un expediente de revisión de la venta amañada de Teléfonos de México para beneficiar al empresario Carlos Slim Helú, hoy uno de los empresarios consentidos de la 4ª-T.

De ahí que la consulta tampoco sea siquiera un distractor o un factor de cohesión política del gobierno en turno porque no ha generado debate alguno sobre el ciclo neoliberal 1979-2018.

Política para dummies: la política es de quien la trabaja.

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