Indicador Político/Carlos Ramírez

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Por Carlos Ramírez

Los saldos económicos que se revelan en tasas del PIB menores a la meta de 4% promedio anual deberían ser los principales indicadores del sistema de toma de decisiones productivas. Y los últimos indicios de la encuesta de expectativas de especialistas consultados por el Banco de México señalan que la segunda mitad del sexenio será de un crecimiento económico por abajo de la línea de flotación social.

Las cifras de la primera mitad del sexenio –promedio anual del PIB de 0%–estarían enviando un mensaje muy claro de que el Estado actual ya no es capaz de estimular la economía y que se requiere de un acuerdo productivo como el sector privado. Y en las expectativas del Banco de México circuladas el lunes pasado se descubre que los inversionistas privados están viviendo un momento de incertidumbre y que la tasa de inversión es menor a la que indicaría la potencialidad productiva.

En este contexto, el momento económico y productivo mexicano muestra un dato que no quiere ser entendido en el gabinete económico: el modelo de desarrollo basado en el presupuesto público y en obras de infraestructura gubernamentales no alcanza para convertirse en un motor de la actividad productiva generalizada.

El debate alrededor de las quejas de empresas estadounidenses por el regreso del Estado mexicano a la actividad energética es más bien político y en nada tiene efectos productivos multiplicadores de la actividad económica. Se trata de la disputa sobre la producción y comercialización de energía eléctrica y sobre la exploración y explotación de recursos petroleros, pero con una economía estatal que carece de posibilidades de financiamiento en esas áreas para sustituir al capital privado y no tiene capacidad tecnológica para incrementar la oferta energética.

El gobierno lopezobradorista no parece preocupado por analizar las deficiencias reales del Tratado de Comercio Libre: los gobiernos priistas y panistas de 1988 a 2018 carecieron de un proyecto de construcción de un nuevo modelo de desarrollo, de la modernización de la planta productiva, de la capacitación educativa y tecnológica del empleo Industrial y pecuario y de la innovación del sector servicios facilitador de las actividades productivas.

La administración actual se centró solo en la recuperación de la preponderancia del Estado en electricidad y petróleo, saliéndose de los acuerdos de respeto a la inversión privada extranjera. El conflicto que puede llegar a paneles y sanciones arancelarias no modifica la estructura productiva ni va a potenciar la reactivación del sector energético.

Los escenarios del crecimiento económico que mes a mes revelan las cifras del Banco de México dibujan el verdadero conflicto de la economía mexicana: la incapacidad nacional para mantener tasas de crecimiento productivo arriba del crecimiento de la población y del aumento anual de la población económicamente activa. Para una economía y población del tamaño de México, el PIB debía ser de 6% promedio para generar plena satisfacción empleo y bienestar o 4% para mantener el modelo de 80% de bienestar y 20% de marginación.

Las cifras actuales de relación entre PIB y bienestar son al revés: solo 20% de la población vive sin restricciones sociales y el 80% restante padece de una a cinco restricciones sociales. Las cifras de expectativas del Banco de México consideran que el PIB anual promedio en los próximos diez años –de 2022 a 2032– es de 2% promedio anual; es decir, que el modelo de desarrollo de la 4ª-T tendrá los mismos resultados económicos y sociales que el 2.2% promedio anual del ciclo neoliberal salinista de 1983-2018.

El gobierno lopezobradorista tienes razón en sus críticas a las limitaciones del Tratado salinista, pero no ha podido presentar una alternativa. El problema de la economía no radica en tener más o mejor Estado, sino en que el Estado neoliberal y el Estado posneoliberal han sido incapaces de construir un nuevo modelo de desarrollo productivo con capacidades nacionales y que la salida en el salinismo fue ceder la economía la especulación de la inversión extranjera y en el posneoliberalismo regresar a una economía de dominio político del Estado, en ambos casos sin definir un nuevo modelo de desarrollo que pudiera constituirse un nuevo conjunto de motores nacionales para la actividad productiva.

Pase lo que pase en las controversias con el Tratado, la economía mexicana seguirá hundida en un PIB máximo de 2% que no alcanza para modificar la estructura de desigualdades sociales.

Política para dummies: La política es economía y las dos constituyen el desarrollo.

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