Indicador político

CSP: tirar lastre y asumir el
bastón de mando sin AMLO

La decisión propia o hasta inducida de dos o tres de los principales acusados por el
Gobierno de Estados Unidos de narcopolíticos y por tanto de narcoterroristas marcó el
punto final del proyecto lopezobradorista de Morena y abrió una incógnita para el corto
plazo: hundirse todos envolviéndose en la bandera nacional o demostrar que Claudia
Sheinbaum Pardo recibió realmente el bastón de mando y tendría por tanto la autoridad
para replantear el movimiento.
El tiempo apremia. Y los pendientes siguen siendo muy altos: el ahora
exgobernador Rubén Rocha Moya y los siete u ocho coacusados tendrían que ser
entregados a los sheriffes bajo el Tratado de Extradición, pero habría todavía una
quincena de importantes figuras en cargos altos en la República política que no quedarían
exonerados, entre ellos, personalidades del círculo familiar íntimo y del círculo político del
presidente emérito Andrés Manuel López Obrador.
La insistente negativa en los últimos días de la presidenta Sheinbaum Pardo de
llevar el caso judicial que se reventó “en una oficina de Nueva York” y la argumentación
de investir a los acusados como representantes de la soberanía nacional ocurrió pese a
que ya habían sido señalados en medios como vinculados al crimen organizado del
narcotráfico y ello desgastó la autoridad presidencial y en la mañanera de hoy lunes
deberá de haber un deslindamiento muy estricto o seguir hundiendo la credibilidad
institucional de la República defendiendo a indefendibles.
La argumentación central y única para responder a la solicitud del Gobierno de
Estados Unidos basados en autorizaciones de seis o siete sesiones de un Gran Jurado en la
Corte de Brooklyn fue la de exigir pruebas contundentes y luego señalar que los

inculpados estarían protegidos por el aura de la soberanía de México frente a presiones
extranjeras.
La entrega decidida por motu proprio de dos de la banda de los diez y la posibilidad
de un tercero que no se ha confirmado de manera oficial terminó el debate jurídico entre
la solicitud de arresto con fines de extradición, el examen de la documentación
presentada con cargo al tratado de extradición y la determinación del Poder Judicial
mexicano de aceptar o rechazar la fuerza de los argumentos presentados.
El fin de semana se precisó una argumentación en redes sociales: las pruebas son
hoy los testigos protegidos y entregarán más información que va a probar los dichos
avalados por el Gran Jurado y México se quedaría sin la argumentación-madre de que las
informaciones presentadas en la solicitud de arresto con fines de extradición eran sólo de
dichos; con seguridad dos de los inculpados y probablemente un tercero en las próximas
horas cancelaron la primera fase de la solicitud de arresto-extradición y el juicio formal
comenzará con dos o tres de los inculpados y los siete u ocho restantes no serán
indispensables en el juicio, aunque la sentencia los convertirá en prófugos de la justicia de
Estados Unidos y ofrecerán recompensa por su captura.
Palacio Nacional perdió mucho tiempo en atrincherarse en el argumento de
“pruebas, pruebas, pruebas” y la invocación de la soberanía territorial de la República y la
tardanza pericial de la Fiscalía General dejó escapar algunas opciones de corto plazo para
cuando menos ganar más tiempo y puede darse el caso que Estados Unidos diga “gracias
por participar” y comience el juicio con dos o tres inculpados y los demás enjuiciados en
ausencia.
La presidencia de la República, también, dejó pasar 72 horas desde que se conoció
la información oficial de que el secretario de Seguridad Pública y el secretario de Finanzas
de la administración del gobernador Rocha Moya cruzaron con tranquilidad la frontera sin
que ninguna autoridad mexicana reaccionara y se entregaron a las autoridades de EU en
un acto que implicó el reconocimiento de las acusaciones en su contra y por lo tanto abrió
ya la siguiente fase que es la negociación de más información y más pruebas contra Rocha
Moya y narcopolítica en Sinaloa, inclusive con la expectativa de que los dos o tres testigos

protegidos posean más información de la protección político-institucional de la estructura
gubernamental estatal y federal y presidencial formalmente desde 2021 pero con indicios
de que inclusive la candidatura de Rocha Moya ya había sido parte de la negociación.
No hay forma de que en el corto plazo Morena se sacuda de las figuras vinculadas
y referidas de manera pública al crimen organizado ni tampoco hay tiempo ni
circunstancias para que a posteriori de la entrega de dos o tres acusados pueda el
presidente emérito López Obrador sacudirse en el peor de los casos de la
corresponsabilidad política pública del Gobierno de Rocha Moya funcional a las facciones
de los chapitos en el cartel de Sinaloa.
Por eso el ciclo político –y moral– de Morena ya terminó y la presidenta
Sheinbaum Pardo es la única que puede ejercer ahora sí el bastón de mando para dar por
finalizada la fase del lopezobradorismo y comenzar otra con nuevas figuras y sin nadie los
señalados como cómplices del crimen organizado.

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Política para dummies: la política no muere, sino sólo se transforma.
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