Indicador político

Sólo queda cerrar la CIA aquí
y regresar al embajador

En febrero de 1971, el presidente Luis Echeverría Álvarez recibió un informe escrito
que revelaba que la embajada de la Unión Soviética en México y sobre todo la Estación del
KGB (oficina de espionaje) estaban interviniendo en política nacional y aparecían detrás
del entrenamiento a jóvenes guerrilleros mexicanos. De manera contundente, el gobierno
mexicano regresó a su embajador en Moscú, expulsó a cinco diplomáticos de la embajada
rusa, entre ellos al legendario Oleg Netchiporenko, y cerró la sección del KGB.
En aquel entonces no existía ninguna ley de seguridad nacional de México, e
inclusive los enfoques en esa materia respondían más a la lógica de los intereses de la
guerra fría estadounidense. Pero los reportes del grupo de investigación presidencial
fueron contundentes en la presentación de pruebas de que la agencia de espionaje de la
URSS estaba operando con impunidad en territorio mexicano para entrenar a grupos de la
guerrilla que causaban problemas y destrozos hasta que fueron liquidados por la Brigada
Blanca.
El gobierno mexicano actual se encontró con la sorpresa –producto de un
accidente automovilístico inesperado– de que cuatro agentes de la CIA habían
participado en un operativo estatal en Chihuahua para destruir narcolaboratorios. El
problema real fue que la actual Ley de Seguridad Nacional, en su Título Séptimo, Capítulo
I, obliga a las agencias extranjeras –pero de manera concreta a la CIA, la DEA y el FBI– a
registrar a todo su personal y que cualquier participación en actividades dentro de México
debiera ser reportada al gobierno México.
En este sentido, la responsabilidad de la participación de la CIA a través de cuatro
agentes en operativos estatales debió acreditarse a las autoridades federales mexicanas

que tienen la obligación de hacer cumplir la ley. El mensaje directísimo que dejó el
incidente está a la vista de todos: la CIA –sobre todo la estructura conocida como Estación
en México y de manera estricta la embajada de Estados Unidos en México que controla a
todo el personal que debiera tener registro y supervisión diplomática– violentó la ley,
incumplió la ley, violó la ley, y por tanto se puede acreditar la sanción de obligar a la
Embajada americana a cerrar ostensiblemente la Estación de la CIA en México y enviar de
regreso a Estados Unidos a todos los agentes, los registrados o no.
Ahí se encuentra la crisis de seguridad nacional de México. La presidencia de la
República no puede quejarse de que la CIA no registró a sus agentes ni puede echarle toda
la caballería al gobierno estatal de Chihuahua, sino que la responsabilidad directa fue de
la Embajada por haber permitido que agentes identificados y no registrados participarán
en un operativo contra narcolaboratorios.
El menor de los problemas se encuentra en el agradecimiento que debiera dar el
Gobierno de México a la Embajada de EU y a la CIA por su apoyo en el operativo de
Chihuahua, pero esos resultados forman parte de lo que el lenguaje jurídico se conoce
como “fruto de un árbol envenenado”. La destrucción de narcolaboratorios pudiera, en
términos legales, tener consecuencias negativas para los fallecidos en el incidente y los
arrestados por la ilegalidad en el grupo gubernamental en un operativo con violaciones a
la ley.
La fuente de la irregularidad del operativo estuvo en la violación de la Ley de
Seguridad Nacional por el incumplimiento del requisito de registro obligatorio de agentes
extranjeros –en este caso la CIA, y no se sabe la posibilidad de agentes de la DEA–. La
parte estadounidense debe cumplir con las exigencias de las leyes mexicanas con agencias
que tiene permisos legales para tener oficinas, pero la responsabilidad final recae en la
Embajada de Estados Unidos y por lo tanto en su embajador, con la circunstancia
adicional de que el diplomático Ronald Johnson llegó al cargo como un currículum donde
registró haber sido agente en activo de la CIA.
Cómo siempre ocurre en eventos diplomáticos en los que se aplica la fórmula de
los seguros automotrices de que “cada quien su golpe”, ahora sin embargo el asunto es

más grave porque la presidenta Sheinbaum ha sido insistente en señalar la violación de la
ley y por lo tanto está obligada a dar el paso siguiente que sería la exigencia del cierre de
la Estación de la CIA en México y la salida del embajador estadounidense por no cumplir
con la Ley de Seguridad Nacional de México.
La única manera que tiene México de darse a respetar en temas de espionaje
invasor o invasivo por parte de gobiernos extranjeros que fingen estar cumpliendo las
leyes mexicanas y en la realidad las violan con toda impunidad sería reproducir el ejemplo
del presidente Echeverría para exigir el cierre de la estación de la CIA en México y el
cambio de embajador.
La insistencia en dinamizar el caso de la CIA en Chihuahua ha sido del gobierno
mexicano y por lo tanto a Palacio Nacional le corresponde exigir sanciones extremas.

-0-

Política para dummies: En política, la debilidad es una derrota.
[email protected]
http://elindependiente.mx
@carlosramirezh
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del
periódico que la publica.