Indicador político

Invisible, la seguridad nacional
de la 4T; siguen las de FCH y EPN

Mientras los presidentes de Estados Unidos operan su política exterior en base a
doctrinas, estructuras, programas, comunidades y estrategias concretas desde finales de
la Segunda Guerra Mundial y en los hechos desde su fundación constitucional en 1787,
México funciona su geopolítica de seguridad nacional solo como seguridad pública.
Acicateado por la comunidad académica y sectores especializados de la crítica el
presidente Vicente Fox promulgó en 2005 –con muchas limitaciones y contradicciones,
pero dando un paso adelante– la Ley de Seguridad Nacional, pero los gobiernos
posteriores frenaron su puesta en práctica porque toda estrategia en ese sentido tenía
que chocar de manera inevitable con los espacios de soberanía de Estados Unidos.
La Estrategia de Seguridad Nacional 2025 del presidente Donald Trump –que es la
misma para la Casa Blanca desde la primera que emitió Reagan en 1987 y que viene del
Acta de Seguridad Nacional de 1947– representa, sin darle más vueltas al asunto, una
amenaza a la seguridad nacional de México, si cruzamos las disposiciones de las
estrategias estadounidenses con la Ley mexicana de Seguridad Nacional.
Las doctrinas mexicanas de seguridad nacional, de soberanía política y de
seguridad interior son lo suficientemente legales, sólidas y precisas como para marcarle
un alto al monroísmo vulgar de Trump. Pero todos los presidentes mexicanos –desde De
la Madrid hasta Sheinbaum Pardo– se han estacionado en el margen retorico del
patrioterismo –que no patriotismo– de la política exterior.
El presidente López Obrador, en su estrategia de seguridad pública, prometió un
programa para la seguridad nacional y se comprometió a formalizar la doctrina de
seguridad interior, pero se quedó en el modelo de torear a Trump; y la presidenta

Sheinbaum también anunció un programa de seguridad interior y tampoco ha avanzado
en ello.
Frente a Trump, la 4T –de manera paradójica en su discurso refundador– depende
de los programas públicos de seguridad nacional de los presidentes Calderón Hinojosa y
Peña Nieto e inclusive está en el aire la abrogada –pero latente en principios– Ley de
Seguridad Interior que aprobó Peña Nieto y anuló la Corte,
El pasivo de la 4T en materia de seguridad nacional se encuentra en la Ley de Fox:
soberanía e independencia (artículo 3): “por seguridad nacional se entienden –dice la ley
vigente pero inaplicada– las acciones destinadas de manera inmediata y directa a
mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano” y manera muy
clara el artículo 5 de la Ley caracteriza las “amenazas a la seguridad nacional” mexicana.
Y la lista de amenazas es muy concreta y se encuentra en las estrategias de
seguridad nacional de la Casa Blanca 1987-2025 y destacan: interferencia extranjera en
los asuntos nacionales que pueden implicar una afectación al Estado mexicano. Las
amenazas de Trump de usar a la CIA, a la DEA, al FBI y a los Marines para combatir en
México a los cárteles que producen y exportan droga a Estados Unidos representan aún
como declaraciones políticas una violación de la soberanía mexicana y a la Ley de
Seguridad Nacional, porque tipifican como “interferencia extranjera en los asuntos
nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano”.
El problema radica en que los gobiernos mexicanos de De la Madrid a Sheinbaum
Pardo invocan la seguridad nacional solo hasta la orilla de las líneas fronterizas. Pero la
Ley mexicana de Seguridad Nacional contiene en la actualidad tres elementos
fundamentales que definirían la estrategia mexicana de ejercicio de la soberanía como
línea roja ante el acoso de la Casa Blanca: el Consejo de Seguridad Nacional, el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la agenda nacional de riesgos; el primero se
ha reducido a seguridad pública policiaca, el segundo cercenó tareas de seguridad
nacional y solo es un centro de acopio para la política antidrogas y la invisible agenda de
riesgos parece ser un secreto de Estado.

Pero la parte más importante está en el Consejo de Seguridad Nacional que
debería de operar –vía un Sistema Nacional de Inteligencia para la seguridad nacional–
como instrumento rector de la política exterior de México que afecta a su política interior
y sobre todo de la relación directa de México con Estados Unidos en materia de seguridad
nacional.
Los compromisos incumplidos por López Obrador y Sheinbaum Pardo para crear
un Programa para la Seguridad Nacional han dejado vigentes nada menos que los
programas de Calderón Hinojosa y Peña Nieto porque contienen toda la doctrina de las
oficinas militares y navales que tienen que ver con la soberanía de la república.
Aunque no se quiera y ante la ausencia de programas sexenales para la seguridad
nacional, la estrategia del Gobierno mexicano sigue estando la incumplida Ley de
Seguridad Nacional.

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Política para dummies: la política es la seguridad nacional del Estado.
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