En Contexto|Luis Acevedo Pesquera

El desamparo infantil como política pública

Enfrascados en una batalla electoral y sin propuestas para enfrentar el porvenir agravado por la pandemia, el gobierno ni los partidos políticos se han pronunciado en favor de los casi 39 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, que representan al 31 por ciento de población nacional o de los 600 mil que presentan alguna discapacidad, pero que, siendo todos ellos el porvenir nacional, hoy son tan invisibles como las mujeres.

Veamos algunos datos.

Afectados por la austeridad republicana y las concesiones al magisterio que cancelaron, por una parte, a las guarderías y, por el otro, a escuelas de tiempo completo, la pandemia aumentó la inseguridad alimentaria en los hogares de bajos niveles socioeconómicos.

En materia educativa, el paso desordenado al modelo virtual, que no consideró la desigualdad en el acceso a las tecnologías de la información no solo ahondó las diferencias entre los estudiantes de escuelas públicas y privadas, que se traduce en pérdida de competitividad porque amplía los rezagos, el magro desempeño y afecta la calidad educativa, ahora elimina la prueba PISA para encubrir la ineficacia de la política gubernamental.

Por cuanto a la seguridad social el desmantelamiento del Seguro Popular generó cambios importantes porque en 2018 el 57.3 por ciento de los mexicanos tenían carencias de acceso a servicios de salud, que si bien vulneró a sus familias, fue dramático para los infantes con cáncer, diabetes y obesidad, entre otras enfermedades. En los nueve primeros meses de la pandemia, más de mil 600 niños fallecieron por falta de medicamentos para el cáncer, según AMANC.

Ahora pensemos en la población indígena, de la que el 60 por ciento no contaba con servicios básicos en su vivienda, indica el INEGI; el 20 por ciento vivían hacinados y 15 por ciento carecen de agua potable, que los ha colocado en una situación crítica ante los efectos de la COVID-19.

En la situación actual del país, la participación laboral de niñas, niños y adolescentes se incrementó en el último año y el 30.5 por ciento de los que hablan alguna lengua indígena estuvieron económicamente ocupados en 2020, informó el INEGI y atribuyó este deterioro debido al proceso de compensación por el desempleo de sus padres que, además, agravó la inasistencia escolar y la pérdida de su derecho al juego y al esparcimiento.

Para entender el daño, en 2018, 23.9 por ciento de las niñas, niños y adolescentes ya mostraban carencias por alimentación. En el contexto de la pandemia la vulnerabilidad alimentaria se incrementó tanto por la caída de los ingresos familiares, como por la suspensión de actividades escolares donde se les proporcionaban alimentos.

Desde hace más de un año, unos 5.2 millones de niñas y niños no han ingresado a sus aulas, que se traduce en rezago educativo, ampliación en la brecha educativa entre quienes tienen recursos y los que no, falta de desarrollo de habilidades socio emocionales y adaptativas, con lo que se cancelan oportunidades de bienestar para las mayorías infantiles.

Hay que considerar también la falta de calidad en la educación trasladada a los padres, al hecho de que 2 de cada 10 infantes muestran síntomas de depresión, según la UNAM y el incremento de la violencia intrafamiliar, además del incremento de la trata y el turismo sexual infantil, que ya eran problemas graves hoy prácticamente olvidados.

De 2010 a 2020 aumentó el matrimonio infantil de 5 a 6 niñas por cada millar de mujeres de 12-14 años, pero se duplicó en 2020 para las niñas hablantes de lengua indígena como proporción del nivel nacional.

El porvenir de las niñas, los niños y los adolescentes, no aparece como compromiso urgente e ineludible entre los programas electorales de los candidatos de los partidos políticos. Mucho menos de Morena, que proclama como lema a la transformación.

Así las cosas, no habrá manera de que se cumpla el anhelo de los niños de Guerrero: “ni pistolas ni amapola, queremos ver las olas…”.

@lusacevedop