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QUERÉTARO, Qro., 13 de abril 2022.- La Defensoría de los Derechos Humanos emitió una serie de recomendaciones en contra de la Coordinación Estatal de Protección civil, Secretaría de Seguridad Ciudadana, y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, ante omisiones cometidas que terminaron en agravio de asistentes el pasado 5 de marzo en el estadio Corregidora, donde destaca una serie de acciones que debe cumplir en un periodo de 30 días, en caso de ser aceptada por las dependencias.
El Ombusperson, Javier Rascado, informó que se inició con la queja DDH/98/2022, el mismo día de la riña entre aficionados del Atlas -Gallos, ante el alto impacto social que provocó una indignación e la sociedad, y que fue por la indebida prestación del servicio público.
“La falta de debida diligencia en la función de seguridad privada así como omisiones en la implementación de medidas y acciones necesarias para salvaguardar la integridad de las personas que asistieron al evento”.
Por ello, solicitó que se establezca un grupo interdisciplinario e interinstitucional, esto con la finalidad de recabar la información de todas las víctimas directas e indirectas de los hechos y a partir de ello se gestione su inscripcón en el Registro Estatal de Víctimas.
Otro de los puntos que se establece es el generar mecanismos de coordinación, colaboración, concertación y comunicación que resulten necesarios con las autoridades, para dar seguimiento, acompañamiento y vigilancia a cada una de las víctimas, para garantizar el acceso de los derechos de éstas, tomando en considerción el lugar de residencia de las mismas.
Revisión de normatividad aplicable a eventos donde exista concentración masiva de personas y donde se regulen, y además otorguen facultades a empresas de seguridad privada a efecto de que presenten un paquete de reformas legislativas para que establezcan nuevas disposiciones normativas.
Establecer una estrategia de acción global, clara y coordinada entre autoridades estatales y municipales de Querétaro, así como los particulares que deseen celebrar eventos de concentración masiva de personas donde delimiten responsabilidades concretas.
Piden que en un plazo no mayor a 30 días naturales que expongan las estrategias a seguir y plazos para dar cumplimiento a cada uno de los puntos, además de 15 días para aceptar o rechazar la misma, donde incluye una campaña en derechos humanos para la población que acude a eventos de concentración masiva, para evitar actos de violencia.