El plan B de la resistencia

En política es frecuente confundir deseable con posible. Así ha ocurrido con la expectativa respecto al líder del Senado, Ricardo Monreal, que en mucho excede lo que se le exige. Se da por hecho la lealtad de buena parte de los senadores morenistas, quienes están dispuestos a defenderle, incluso a seguirle. Como quiera que se le vea el líder de los senadores tuvo un voto encomiable al rechazar la contrarreforma electoral a partir de la inconstitucionalidad de su contenido.

Los tiempos no favorecen una fractura en Morena. En todo caso, podría ocurrir al momento de seleccionar candidatos a la presidencia y a las gubernaturas y otros cargos. Además, la oposición partidista no tiene una postura clara al respecto. Demanda del líder del senado definición y, sin embargo, no define qué hacer con los desafectos de Morena en caso de un rompimiento. El líder de la mayoría del Senado ha hecho más que ninguno en desafiar la exigencia de sometimiento a López Obrador; pero, no puede arriesgar todo por nada. 

En consecuencia, la minuta de los diputados se modifica en el Senado de manera consensuada con el gobierno en seis temas de inconstitucionalidad no así en otros quince, no en cuestiones que muchos quisieran y del todo deseables: blindar al INE de la furia destructiva de López Obrador, y minar su autoridad y la del Tribunal Electoral para hacer valer la legalidad y la imparcialidad a que deben someterse las autoridades y los servidores públicos previo a las campañas. Monreal es víctima de ello ahora, todavía más por el cambio propuesto. Un oprobio que haya subsistido las disposiciones que aseguran la vida eterna, norma rechazada por el presidente, inconstitucional y además contraria a la voluntad democrática. El arreglo por encima de los votos.

La oposición debe preparar su plan B. La movilización ciudadana es un componente importante junto con la estrategia legal para defender al INE. Son muchos los planos de la disputa y convoca por igual a ciudadanos, partidos, legisladores, al INE, al Tribunal, a los gobiernos y legislaturas locales, así como a los trabajadores laboralmente afectados. Los procesos legales, entre otros, irían desde el amparo ante el Poder Judicial Federal, la acción de inconstitucionalidad y controversias constitucionales a presentarse por legisladores y partidos ante la Corte, a juicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano de competencia del Tribunal Electoral.

En el Senado se hizo un estudio sobre la inconstitucionalidad del contenido de la minuta de los diputados. Identificó 21 bloques, a los que se incorporarían los derivados de las irregularidades del proceso legislativo, evidentes en la Cámara de Diputados por precipitar los tiempos y conculcar el derecho de la totalidad de los legisladores de estudiar, analizar, discutir y votar la extensa iniciativa presidencial. 

En el plano ciudadano la lucha es amplia y su objetivo es la defensa de las instituciones democráticas. No es fácil ni hay claridad en cómo lograr una coordinación permanente, independiente de los partidos políticos opositores. Por lo pronto debiera crearse una mesa de atención legal para apoyar a los ciudadanos, trabajadores y organizaciones civiles que pretendan impugnar la reforma por la vía judicial. 

Por su parte, el precedente del 13 de noviembre es irrepetible. Debe destacarse que logró su cometido, frenar la reforma constitucional que hubiera sido un golpe demoledor para las instituciones electorales, el sistema de representación plural y para el pacto federal.

En el plano político partidista el escenario se dará en el Congreso como espacio natural para la denuncia, el debate y el control gobierno. Corresponde a la Cámara de Diputados procesar la designación de cuatro nuevos miembros del Consejo General del INE, asunto clave para salvaguardar la integridad del órgano electoral.

El frente judicial es un espacio de estricta legalidad. Se trata de vincular los temas sustantivos a argumentos de constitucionalidad casi en su totalidad, así sea el juicio de amparo, el de protección de los derechos políticos o las acciones de inconstitucionalidad a promover por partidos y/o legisladores. No deberá descartarse la justicia laboral para los miles de trabajadores que habrán de ser afectados en sus derechos.