Denuncian ante Fiscalía y DDHQ a auditora superior municipal, de El Marqués

QUERÉTARO, Qro., 22 de junio de 2020.- Claudia Berenice Servin González, auditor de la Auditoría Superior Municipal de El Marqués interpuso una denuncia en contra de su jefa en la administración municipal ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, esto luego de que se le obliga acudir a las instalaciones de la administración municipal a trabajar pese a que es de un sector vulnerable ante el virus de Covid 19, al estar embarazada y ya haber sufrido amenazas de aborto, provocadas por la misma labor que se le obliga a realizar.

Que por esa situación, además de no respetarse su licencia, su jefa inmediata le dijo: “Que en mi estado no le sirvo, que me iba a bajar el sueldo, que para qué me daba trabajo si más adelante podría meter otra incapacidad y que si yo volvía a faltar un día me iba a correr”, además de que en diferentes ocasiones se le reprochó por haberse embarazado, que pues así para “lo único que servía era trabajar de secretaria”.

La denuncia la ingresó a inicios de este mes en contra de Yadira Azucena Córdova Salinas, auditora superior municipal, María de la Luz Manríquez Guerrero, directora de Fiscalización de la Auditoría y del ayuntamiento de El Marqués, como superior jerárquico.

El 20 de marzo informó a su jefa directa de su embarazo para que le hiciera válida la licencia que autorizó cabildo para que todas las personas en mayor vulnerabilidad ante la contingencia gozaran de una licencia con goce de sueldo, lo que le permitiría no acudir a las oficinas hasta el 30 de junio del presente año, de acuerdo a esas disposiciones.

Para la autorización presentó documentos expedidos por el DIF en los que se informaba de que está embarazada y con riesgo de aborto, documentos que le daban permiso para no acudir hasta el 7 de mayo, pero que su jefa quería que se llevara a casa expedientes para continuar con su trabajo que, además de muy pesados, se contraponían con las instrucciones en las licencias que se le habían otorgado, referentes a guardar reposo absoluto, le ordenó acudir a la oficina, al hacerlo se le informó que ya no trabajaba en esa área y que no existía otra en la que pudiera ponerla, que llegó a acudir todos los días, en horario normal y se ofrecía a ayudar a sus compañeros lo que ocurrió desde el 11 hasta el 14 de mayo, cuando su jefa le dijo la cita arriba señalada.

Posteriormente se le asignó la auditoría del DIF, lo que la obligó a solicitar ayuda a su esposo para manejar, debido a que debía entregar constantemente documentos a esas oficinas que se encuentran a 25 minutos de distancia de la que ella labora; que además se le obligó a subir las escaleras de la Casa de Gobierno, pese a que le informaba siempre a su jefa que eso le generaba contracciones.

Se le quiso obligara a acudir a un evento masivo, informándole que se le proporcionarían careta, cubrebocas y guantes.

Tras solicitar un documento médico en el que se informara los motivos por los que no podría ir, recibió mensajes de su jefa tachándola de ser una persona muy mala, argumentándole que todos quienes laboran en su área tienen familia y aún así no ponen pretextos para ir a trabajar, que la vida de ella vale lo mismo que la de los otros.

Cuando le explicó que había vuelto a sufrir riesgo de aborto producto del trabajo que se le obligó a realizar se le repitió lo mismo, que no tenía derecho a faltar por que su vida valía lo mismo que la de los otros.

Derivado de lo ocurrido sufrió microdesprendimiento de placenta, lo que le informaron tanto su médico particular como los del DIF, una nueva incapacidad fue llevada por su esposo, pero que no se la quisieron recibir por instrucciones de su jefa.

Posteriormente se le exigió entregar trabajo que le era imposible, pues las oficinas responsables de entregarle expedientes estaban cerradas, a lo cual su jefa solicitó a Derechos Humanos del municipio darla de baja temporal, por lo cual se vio obligada a solicitar el apoyo de la DDHQ.