Defiende PAN a Gerardo Romero por señalamientos sobre contratos durante su gestión en el IEEQ

QUERÉTARO, Qro, 11 de noviembre de 2026.- El Partido Acción Nacional defendió la actuación de Gerardo Romero Altamirano durante su paso por la presidencia del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), al señalar que la renta de la sede ubicada en Galindas se realizó en 2011, tres años antes de que asumiera la conducción del organismo.

Durante una rueda de prensa, representantes del blanquiazul expusieron que el cambio de instalaciones se acordó durante la gestión de Vidal Uribe Concha, quien actualmente se desempeña como asesor legislativo del diputado Ulises Gómez de la Rosa.

De acuerdo con la explicación presentada por el PAN, el organismo electoral solicitó una ampliación presupuestal para trasladarse a ese inmueble, realizó un procedimiento para seleccionar el edificio y tomó la decisión mediante su Consejo General.

El partido puntualizó que Gerardo Romero llegó a la presidencia del IEEQ en 2014 y concluyó su periodo en 2021, por lo que rechazó que se le atribuya la decisión original de rentar las instalaciones.

Respecto a los cuestionamientos sobre las contrataciones de empresas durante su administración, el PAN sostuvo que las adquisiciones eran responsabilidad de un comité colegiado y que el nombramiento de sus integrantes correspondía al Consejo General.

También señaló que la empresa Litoformas mencionada en la controversia cuenta con contratos y servicios prestados a distintas instituciones y gobiernos del país, por lo que consideró necesario revisar los procedimientos de contratación y sus responsabilidades antes de establecer conclusiones.

Los representantes panistas reconocieron que actualmente no existe, según su conocimiento, una acusación formal contra Romero por estos hechos, pero manifestaron que no se oponen a que se investigue cualquier posible irregularidad y que, de existir una imputación procedente, se actúe conforme a la ley.

En ese sentido, sostuvieron que ningún exfuncionario o servidor público debe quedar exento de revisión y que las investigaciones deben alcanzar a todos los involucrados, sin importar su partido o cargo.

La postura se dio en medio de los señalamientos sobre los vínculos profesionales del consejero electoral Daniel Dorantes con integrantes de la familia Nieto, asunto por el que el PAN también exigió explicaciones y pidió revisar la independencia de quienes participan en la organización de los próximos comicios.