Cónclave de fiscales: romper complicidades e impunidad

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de abril de 2026.– Este viernes, en el Centro Cultural del México Contemporáneo, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, se sentará frente a los gobernadores del país con un diagnóstico que ya nadie puede maquillar: México está atrapado en una crisis de impunidad que desborda a las instituciones y asfixia a la ciudadanía.

La convocatoria, bajo el título Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, llega tarde para millones de víctimas que llevan años esperando algo más que discursos. Llega en medio de una realidad donde la violencia no cede, donde las fiscalías estatales acumulan rezagos escandalosos y donde la coordinación entre niveles de gobierno ha sido, en el mejor de los casos, simulada.

El país no necesita otra presentación. Necesita resultados.

Porque mientras en salones cerrados se afinan líneas estratégicas, en calles abiertas se ejecuta, se desaparece, se extorsiona. Y en demasiados casos, el crimen no sólo opera con libertad, sino con protección. La sospecha —cada vez menos sospecha y más evidencia— de vínculos entre autoridades y organizaciones criminales ha erosionado la confianza pública hasta niveles críticos.

Ese es el verdadero telón de fondo de la reunión de mañana: la percepción extendida de que el poder ha sido incapaz —o renuente— a confrontar de frente al crimen organizado.

Durante el lopezobradorismo, la narrativa de abrazos, no balazos se vendió como una estrategia humanista. Hoy, para la mayor parte del país, se percibe como una claudicación del Estado. Un repliegue que dejó territorios enteros a merced de grupos armados, que normalizó la violencia y que debilitó la autoridad.

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