Migración, aranceles y soberanía: contrastes de Trump frente a México
La virtud de la democracia es su capacidad de ir evolucionando para corresponder a las cambiantes exigencias de la dinámica social. EU nació con DNA liberal, republicano y democrático, además federalista. La evolución de su régimen es natural, gradual y consensuado, con avances y retrocesos, pero prevalece lo fundamental. Tiene capacidad correctiva si es el caso de retroceso. En México no tenemos esa propensión a la democracia ni al liberalismo
El país ha vivido por pausas experiencias democráticas, imperfectas, pero apegadas al paradigma democrático. Son tres los paréntesis, el de la República restaurada en el siglo XIX, el del brevísimo periodo maderista y por veinte años de 1997 a 1918. Zedillo tuvo la claridad para convocar a los suyos a una nueva relación entre el gobierno y el partido, además de emprender y promover reformas sustantivas que llevaron al país a la democracia, construcción compartida, diseñada y consensuada con la pluralidad.
Los capítulos históricos cruciales ofrecen lecciones que debieran normar la realidad presente y el diseño a futuro. Son muchas las experiencias negativas y aprender de ellas es necesario para no tropezar con los mismos errores o ceder a la seducción autoritaria cuando se arriba al poder.
De la elección de 1988, incluso la de Chihuahua años antes resuelta bajo la consigna del fraude patriótico de Manuel Barttlet, deja en claro la necesidad de una jornada electoral con instrumentos confiables y que blinden al voto de suplantación. Mejorar el padrón, una cartografía electoral, los observadores, los escrutinios, los datos oportunos, autoridades de casilla ciudadanas y, especialmente, la imparcialidad de la autoridad electoral desde la urna hasta arriba. Se aprendió del error y el IFE y después el INE han honrado con creces tal aspiración.
Fox incumplió con el código democrático; no estuvo a la altura de la imparcialidad que sí caracterizó a su antecesor a grado tal que Labastida, candidato perdedor, afirma sin fundamento que no lo derrotaron los millones de ciudadanos que hicieron a Fox presidente, sino una conspiración del presidente con el imperio yanki. Los presidentes tienen preferencia, sin duda la de Zedillo era por Labastida, pero no tienen derecho de utilizar los recursos de la presidencia para cargar los dados. El fraude de 2026 no ocurrió en las urnas, sino en la campaña de medios en radio y Tv pagada por grandes empresarios. Sin su interferencia el candidato del PRD hubiera ganado la elección. Se aprendió la lección y quizás con exceso se determinó que los particulares no pudieran financiar o hacer publicidad para candidatos y partidos. AMLO nunca superó el agravio.
El triunfo de López Obrador no se explica sin esa normatividad, actitudes, instituciones y contenciones que dieron certeza a los derechos y condiciones razonables para una contienda justa y equitativa. La elección de 2021, por lo que ocurrió y lo que ahora se conoce, presentó un nuevo problema que lamentablemente no sirvió, no se aprendió porque ni siquiera se reconoció como tal: financiamiento por el crimen y su participación en la jornada electoral en territorios bajo su dominio y así hacerse del control de gobiernos municipales y estatales.
López Obrador involucionó todavía más después de la elección de 2021; resolvió destruir las bases de la República democrática. Avanzó porque no hubo contención y sí complacencia de medios de comunicación y empresarios. La Corte lo frenó en su deriva destructiva. La ostensible participación en el proceso sucesorio -justo lo que Zedillo prometió no hacer-, la interferencia en la elección al grado de divulgar datos personales protegidos de la candidata presidencial opositora y el uso electoral de los programas sociales no guarda precedente. El pecado de Fox es muy menor respecto al de Andrés Manuel.
Claudia Sheinbaum pudo enmendar. Ganadora de una contienda injusta, inequitativa, quizás ilegal, pero legítima. Hizo justo lo contrario, una vuelta de tuerca en la destrucción de la democracia. Lo que ahora se vive no debiera sorprender: el INE desprestigiado y corrompido; un Tribunal Electoral capturado. Un sistema de justicia inexistente con una Corte propia de un circo. La presidenta deja de serlo para asumirse aguerrida dirigente de su partido y sin el menor sentido de contención agrede a opositores, conducta inaceptable, inconstitucional y antidemocrática; también embiste con el poder del Estado a particulares, exservidores públicos ejemplares y medios de comunicación independientes. No debe sorprender el rechazo presidencial a la última pausa democrática. El obradorismo es su más acabada negación.