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QUERÉTARO, Qro., 19 de octubre de 2017.- A cuatro meses de que entre en vigor la reforma en materia de justicia laboral (febrero del 2018), que implica la transición de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje del Poder Ejecutivo de Querétaro al Poder Judicial, sobresale una serie de pendientes y cuestionamientos en relación con la operatividad del nuevo esquema. Informa El Economista.
Entre los puntos que están por precisarse, destaca la procedencia de la partida presupuestal para lograr la transición.
El Poder Legislativo deberá presupuestar recursos destinados para dicha transición, que a nivel nacional implicará un costo de 5,000 a 7,000 millones de pesos, refirió el secretario del Trabajo de Querétaro, José Luis Aguilera Rico.
Ante la incógnita de si el presupuesto será solicitado por los gobiernos estatales o por el Poder Judicial, en un preliminar se acordó que los estados pidan el presupuesto de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje para el ejercicio fiscal 2018, en el cual se incluirá el presupuesto para operar el Centro de Conciliación.
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