Aprueban en Comisión recorrer informes de gobierno a septiembre

QUERÉTARO, Qro., 4 de mayo 2017.- La fecha de los informes que realizan los  presidentes municipales y el gobernador del estado de Querétaro fue modificado para realizarse en el mes de septiembre en lugar de julio, lo anterior fue aprobado por la Comisión Especial Legislativa del Sistema Estatal Anticorrupción.

Lo anterior pesar de que fue argumentado y cuestionado por algunos integrantes de la comisión que no es facultad de este órgano legislativo analizar dicha iniciativa sino de la Comisión de Puntos Constitucionales por considerar modificaciones de los artículos 22 y 37 de la Constitución Política del estado de Querétaro.

“Yo estoy totalmente de acuerdo con la iniciativa, es decir, mi voto va a ser abstención porque creo que esta Comisión no debería de dictaminarlo pero puedo estar completamente de acuerdo en el planteamiento (…) pero como esto no tiene que ver nada con el Sistema Estatal Anticorrupción me parece que tendría que estar dictaminado por otras comisiones” dijo el diputado independiente Carlos Lázaro Sánchez Tapia.

Sin embargo, los legisladores del Partido Acción Nacional refirieron que los informes de los servidores públicos estaban relacionados con la rendición de cuentas por lo que era un tema apropiado con el Sistema Estatal Anticorrupción.

“En efecto yo coincido con mis compañeros de que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción (…) en este caso el definir el servidor público y definir los tiempos de los informes se me hace fundamental para la rendición de cuentas” dijo Leticia Rubio Montes diputada por el Partido Acción Nacional.

A pesar de las discusiones dicho dictamen fue aprobado por mayoría de votos por dicha comisión, por lo que serán el 6 y 7 de mayo los días designados para recibir observaciones por parte de los municipios del estado, para poder así sesionar el 8 de mayo para ratificar la recepción de dichas observaciones. La presidenta de la Comisión Daesy Alvorada Hinojosa Rosas informó que se necesita la aprobación de dos terceras partes de los municipios para que pueda aplicarse la reforma constitucional.