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QUERÉTARO, Qro., 7 de septiembre 2021.- Con dos votos a favor y uno en contra, la Comisión de Trabajo de la 59 Legislatura local aprobó retirar la jubilación ya autorizada en el Congreso desde el 2015, esa a favor de quien trabajaba en la Ayudantía durante el gobierno del priista José Calzada; Agustín Ignacio Navarro Carrillo.
El voto en contra de que se le retire la pensión lo emitió Néstor Domínguez Luna, diputado presidente de la Comisión, quien expuso que la 59 Legislatura no debe quitarle un derecho ya autorizado y que el proceso se realiza con más de 4 años de tardanza, cuando el plazo máximo para observaciones es de 15 días.
En entrevista consideró que pareciera más un tema de venganza, toda vez que la pensión se le retira fuera de los lapsos autorizados y sin justificación, cuando ya se le había autorizado que se le entregara una pensión por 54 mil pesos.
Consideró que se trató de una situación que se replicó en esta Legislatura, en la que desde la Secretaría de Gobierno se solicitaban retiros de pensiones, sin que existiera fundamentación alguna, lo que pareciera más un tema de venganzas políticas contra con quienes trabajaron en la pasada administración, emanada del PRI.
La solicitud de retirar la pensión ya se había votado en contra por la 59 Legislatura, pero el director de Asuntos Jurídicos del estado volvió a solicitar, en agosto de este año, que se le retirara; petición que no está autorizado a realizar y que tampoco acompañó con alguna justificación, sin embargo, fue respaldada con dos votos a favor en la Comisión de Trabajo, por lo que ahora será votada en Sesión de Pleno.
Expuso que el trabajador recibió la aprobación de su solicitud en Sesión de Pleno de la 58 Legislatura, pero esa nunca se publicó en el periódico oficial “La Sombra de Arteaga”.
Que el trabajador lo buscó para informarle de su caso, exponerle que existen muchas irregularidades y que debió ampararse en busca de que se publicara en el periódico oficial.
En el amparo que se le otorgó se ordenó publicar el dictamen, instrucción que involucró al gobernador, al secretario de gobierno y al director del Periódico Oficial. En el amparo se indicó que, en caso de tener elementos legales aplicables para no publicar la jubilación, deberían notificarlos al inconforme o, bien, solicitar la revisión a la Legislatura.
El titular del poder ejecutivo solicitó la revisión, sin acompañar la solicitud de observaciones, para lo cual tenía un lapso de 15 días, tiempo que venció.
Que hasta pasados 4 años 7 meses y un día de que se aprobó la pensión, el secretario de gobierno del estado, Juan Martín Granados Torres, envió un documento para solicitar la revocación; se recibió el 20 de noviembre del 2020.
El 10 de junio del 2021 el Congreso votó en contra las observaciones, por haberse presentado fuera del plazo y ratificó la pensión autorizada desde el 23 de diciembre del 2015.
Expuso que al trabajador se le acusó de presentar documentos falsos, pero que el mismo trabajador presentó, tanto a gobierno del estado como al Congreso, el documento del fin del proceso legal en su contra, en el cual se le absolvía por la vía penal de la acusación que se le hizo.
Sí se le aplicó un procedimiento administrativo para inhabilitarlo del servicio público y reparar el daño del cual se le acusó, de falsear años, pero la misma administración no comprobó que los años que el decía fueran falsos, únicamente expuso que no se defendió en su momento.
Remarcó Domínguez Luna que no es el único caso en el que sin comprobarse se denunció que supuestamente se falseó información sobre los años laborados.
DE 5 EXPEDIENTES, 1 SERÁ RECHAZADO POR MUERTE
Domínguez Luna indicó que la Comisión tiene actualmente 5 expedientes, de 3 solicitó a las dependencias mayor información, toda vez que los entregaron incompletos; de 1 se requirió mayores datos y 1 será rechazado, toda vez que los trabajadores murieron antes de que se les autorizara la pensión y no tenían beneficiarios que pudieran reclamarla.