Cerramos la etapa del institucionalismo neoliberal, considera Monreal
QUERÉTARO, Qro., 23 de abril de 2014.- La ley secundaria en materia de telecomunicaciones, requiere de más precisión en la información, consideró el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Braulio Guerra Urbiola, quien explicó que al tratarse de una ley secundaria y no modificaciones a la Constitución, se queda únicamente en el ámbito federal.
«Creemos que esta se ha contaminado, a partir de algunas cuestiones que han advertido censuras o algunos atajos a la libertad de expresión, creo yo firmemente que está descartado ese escenario; lo que busca y el fin último de esta reforma en telecomunicaciones, es potenciar la estrategia de crecimiento de tecnología y abaratar los servicios en materia de telecomunicaciones».
Añadió que con respecto al tema de internet, fue idea del Ejecutivo federal, el que internet se estableciera como un Derecho Humano en la Constitución, aunque reconoció que se prevén algunos espacios en casos de seguridad nacional y de estados de excepción, eso solo en casos de «extremo peligro o de extrema situación global para la sociedad».
«El artículo 29, desde 1857 dice que el presidente de la República, puede suspender las garantías individuales, los Derechos fundamentales de manera total o parcial en el país, para hacerle frente a una situación de seguridad nacional o de estado de sitio o de guerra, para hacerle frente a una situación en donde corra peligro la población».
Detalló que la suspención de garantías tiene la finalidad de que el gobierno utilice este mecanismo para la protección de la sociedad en su conjunto y que sigue vigente en la Constitución, pero que solamente puede ser utilizado en caso de excepción.
«Incluso la Constitución contempla que al suspender las garantías individuales, es con el acuerdo del Congreso, del Gabinete o sea, hay mecanismos, el presidente no lo hace de manera unilateral y segundo, suspenden todos los Derechos, es un mecanismo que todos los países tienen».
Reconoció que estos temas se están reconsiderando ya que hay una interpretación que no está siendo la que busca el espíritu de esta reforma que es que se pague menos por los servicios de telecomunicaciones y que se fortalezca la reglamentación de lo que ya existe actualmente en la Constitución.
«Es decir, son mecanismos que el Estado de Derecho y cualquier libertad de cualquier tipo, tiene fronteras, es decir, lo público, el bienestar colectivo, entiendo que se ha interpretado de una forma diversa al sentido que tiene la oferta política».