Ingresan iniciativa ‘anti Puente Chapa’

QUERÉTARO, 11 de noviembre de 2014.- El diputado local Enrique Correa Sada propuso una reforma al código penal, para que se considere un delito grave cuando un conductor en estado de ebriedad cause la muerte y daños a las personas.

De aprobarse la reforma, el estado homologaría esta medida a legislaciones simulares en el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato, donde el cambio en la ley redujo los accidentes en estado de ebriedad hasta en 40 por ciento.

La iniciativa reformaría los artículos 75, 126 y 131 del código penal y drogaría el artículo 128 del mismo código, para evitar que los conductores en estado de ebriedad que causen daño o la muerte obtengan su libertad bajo fianza.

Correa Sada señaló que se trata de una ley ‘anti Puente Chapa’, en referencia al amparo que obtuvo el director de Asuntos Jurídicos del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (Indereq), luego de que en estado de ebriedad causó la muerte de tres personas y dejó con lesiones graves a una cuarta.

Actualmente la legislación solamente contempla estos casos como grave cuando el responsable es un conductor del transporte público, pero permite el amparo cuando se trata de un particular.

“Con esto tratamos de evitar que vuelva a suceder esta lamentable situación, donde una persona con sus influencias y el manejo de la ley puede estar en libertad cuando asesinó a tres personas y dejó con lesiones graves a una cuarta más”, advirtió el diputado.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) aclaró que aún no consensa la medida con otras fuerzas políticas, pero no se ven posibles desacuerdos, porque en los estados donde se toman medidas de este tipo, estos accidentes cayeron en 40 por ciento.

“La principal causa de muerte en jóvenes de 15 a 35 años de edad son los accidentes automovilísticos relacionados con el alcohol. Actualmente la sanción va de dos a ocho años, por homicidio culposo, cuando en estado de ebriedad asesinas a una persona, pero no es delito grave”, declaró.

Con la reforma, los responsables no alcanzarían a salir bajo fianza y se obligaría a la reparación del daño, sin darle pie a la procedencia de los amparos federales, que hoy son posibles por la falta de este candado en la ley.