Demandan a presidente de la Junta de Concertación

QUERÉTARO, Qro., 6 de julio de 2014.- El presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos, Miguel Nava Alvarado, denunció penalmente al diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Concertación Política de la legislatura local, por falsedad de declaraciones.

Nava Alvarado recordó que ya había presentado una denuncia similar en el Juzgado Primero de Distrito en contra del Director de Asuntos Jurídicos de la legislatura local, Raúl Ríos, por la misma causa.

En las demandas acusa al diputado y al director de falsear declaraciones ante una autoridad judicial federal, por asegurar que no existe el acto que declaró Miguel Nava cuando se le concedió la suspensión definitiva de la reposición de la elección de ombudsman, al estimar que eso violenta sus derechos humanos.

Sostuvo que se encontraba fuera del estado cuando se enteró del inicio de reposición de procedimiento y decidió regresar el lunes por la noche para ejercer mecanismos legales contra la Junta de Concertación Política.

“Promociones al juzgado de distrito y también una denuncia penal en contra del presidente de la junta de concertación, Guillermo Vega, ya lo había hecho contra el director de asuntos jurídicos por declarar con falsedad ante autoridad judicial”, subrayó.

Recordó que el juzgado primero de distrito le concedió, con anterioridad, una suspensión definitiva, cuando reclamó que la reposición de la elección era un acto violatorio a sus derechos humanos.

“Sin embargo, Raúl Ríos, director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, así como el diputado Guillermo Vega, le dicen a la autoridad de amparo que no es cierto el acto que declaro, entonces eso es una mentira, están mintiendo a la autoridad federal, por lo tanto lo denuncié”, afirmó.

Agregó que ambos incurrieron en otras mentiras, como afirmar que la reposición de la elección es producto de un juicio de amparo de César Pérez, cuando es una sentencia de la magistrada Celia Maya.

“Son conductas delictivas que establece la legislación penal federal y están siendo conocidas por el ministerio público federal”, insistió el ombudsman.

Subrayó que no se prestará a un acto ilegal ni a un acto de simulación como el que pretende realizar la legislatura, a la que acusa de engañar a César Pérez, porque sigue vigente el artículo que establece los 60 años como límite de edad para ocupar la presidencia de la Defensoría.

“Está haciendo un procedimiento fuera de la legalidad. Ni siquiera han cambiado la ley, están llamando fuera del marco legal, ese artículo 19 en la fracción segunda que determina que le dan para ser presidente de la defensoría de los derechos humanos es de 30 a 60 años, no se ha ido cambiando”, puntualizó.