Por Rafael García Tinajero

La matanza y desaparición forzada de jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en Iguala, Gro., ha puesto de manifiesto la grave crisis del sistema político mexicano, uno de cuyos componentes fundamentales es la corrupción en la forma de ejercer el poder pero también en la forma de disputarlo.

Es imposible explicar el arribo de personajes como Abarca a posiciones de elección popular sin un hilo conductor que une corrupción política, delincuencia organizada y elecciones. A ello dedico las siguientes reflexiones.

Es indudable que la corrupción a todos los niveles del Estado representa una amenaza para la estabilidad política y social pues atenta contra su legitimidad y legalidad. Cuando esta corrupción se vincula con la delincuencia organizada, una amenaza latente se extiende a la seguridad nacional.

Entre delincuencia organizada y corrupción existen relaciones profundas pudiendo sostenerse que ésta ha sido un requisito central para la formación de aquella. Los grupos criminales usan la corrupción en el sector público como instrumento para quebrantar la ley y enfrentar al Estado con impunidad.

Controlar y luchar en contra de la corrupción en el sector público es una condición necesaria si en verdad se pretende alcanzar un desarrollo político y económico sostenido que permita combatir la desigualdad y la pobreza.

Según Buscaglia podemos distinguir cinco niveles de penetración de la delincuencia organizada en los sectores públicos:

  • En el primer nivel encontramos al soborno o cohecho que se dan aislada y esporádicamente con el fin de obtener un provecho criminal.
  • En el segundo nivel, los actos de soborno son continuos y periódicos y el agente público ya se encuentra en la nómina del grupo delictivo.
  • En el tercer nivel, son infiltradas las agencias gubernamentales en forma esporádica dentro de las posiciones oficiales de rango medio.
  • El cuarto nivel se caracteriza por una infiltración gubernamental en los niveles más altos, o lo que algunos autores definen como captura del Estado, pudiendo abarcar ramas completas de la administración o funcionarios de alto rango en las agencias de seguridad, oficinas de procuración, impartición y administración de justicia, así como otras dependencias gubernamentales importantes para el grupo delictivo
  • El quinto nivel de infiltración de la delincuencia organizada en los sectores públicos se produce cuando los grupos de ésta logran participar en precampañas o en campañas políticas financiándolas, comprando votos, coerciónando al electorado y corrompiendo a los candidatos o coaccionándolos mediante amenazas y chantajes. La infiltración en este nivel puede llegar a tal grado que la delincuencia organizada controle al Estado en sus decisiones más importantes, lo que equivale a “comprar sus políticas públicas».

Blindar los procesos electorales y prevenir la intromisión en ellos de la delincuencia organizada es indispensable planteando medidas que rompan de tajo un mal ya establecido.

Para nadie es un secreto como la delincuencia organizada ha ido secuestrando, en muchos lugares del país, lenta pero seguramente fragmentos del Estado comenzando por los niveles más débiles, el municipal y el estatal.

El zaguán abierto para la captura del Estado ha sido la forma en que desde hace algunos años se viene haciendo política, requiriéndose grandes cantidades de recursos y, dado un sistema electoral esencialmente clientelar y corrupto en el que el dinero manda, el crimen organizado se ha convertido en muchas regiones del país en el gran elector.

Es necesario frenar ya la participación activa y directa de candidatos ligados al crimen organizado.

Proponer un tipo penal propio que castigue a aquellos individuos que siendo miembros de delincuencia organizada pretendan involucrarse en procesos electorales o cuando se pruebe el dolo de un candidato o precandidato al participar en la contienda electoral para favorecer los intereses de ésta.

También en este tema es importante resaltar la participación activa y responsable que le corresponde ejercer a los partidos políticos. Por ley debiera ser exigible para los partidos políticos el indagar el tipo de actividad y la buena reputación de aquellas personas que se pretenden postular para un cargo de elección popular ostentan sus siglas.

Además, ante la evidencia irrefutable del consentimiento tácito o expreso por parte de algún partido político, a través de su dirigencia, candidatos o precandidatos, del uso de recursos provenientes del crimen organizado para el financiamiento de sus campañas electorales o actividades ordinarias o en caso de que existiera evidencia de que la dirigencia de dicho partido no denunció a las autoridades respectivas, sabiéndolo, el presunto involucramiento de algún candidato o precandidato con el crimen organizado, y que éste hubiera sido procesado por ese tipo de delitos, que la autoridad electoral aplique la sanción máxima, que ya existe en la normativa electoral, es decir, la pérdida del registro como partido.

Aunque en principio parecería que se está atentando contra el sistema de partidos, la realidad es que estaríamos corresponsabilizando a estos, en su calidad de entidades de interés público, y en esa medida se estaría blindando a nuestro sistema político-electoral.

La infiltración y participación del crimen organizado en los procesos electorales constituye un vicio de origen a la voluntad popular, que desde mi punto de vista lleva a una causal de nulidad absoluta de la elección. Las autoridades legales de todos los órdenes de gobierno están obligadas a tutelar un interés general que se desprende del título segundo de nuestra carta magna: el derecho de los mexicanos de contar con gobiernos sanos.

Actualmente acceder a un cargo de elección popular tiene , en algunas regiones, un precio equivalente a vender el alma al diablo: asociarse con los delincuentes, cambiar el apoyo logístico y económico durante la campaña por permitirles , una vez logrado el puesto, extraer rentas de las arcas públicas, facilitar el lavado de dinero contratando la adquisición de bienes y servicios con empresas que actúan como fachada legal de la delincuencia, incrustar parte de la estructura delincuencial en la nómina de la administración pública , desviar los apoyos de los programas sociales hacia sus bases de apoyo, brindar impunidad, protección y, en el caso de los legisladores, leyes a modo para seguir delinquiendo, es decir, traficando, extorsionando, secuestrando, matando, lavando dinero.

Quedan en el terreno los políticos más audaces e inescrupulosos, los dispuestos a este tipo de tratos y, por tanto, aptos para desarrollarse en este ambiente viciado; los que ven la política como ocasión para los negocios personales. No se necesita una gran inteligencia para deducir en que sentido actúan estos políticos cuando de tomar medidas contra la delincuencia se trata.

Sólo en este contexto se explican casos como el de Iguala, que no por ser el más estridente se le puede considerar único. Evitarlos en el futuro pasa por cerrar el paso al crimen organizado y su dinero en el ámbito electoral.