Confirman destitución de alcaldesa de Pedro Escobedo

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de junio de 2014.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el Cuarto Tribunal Unitario confirmó una sentencia de un año de prisión, conmutada a condena condicional, e inhabilitación por el mismo periodo, y amonestación pública en contra de la ex presidenta municipal de Pedro Escobedo, Querétaro, Graciela Juárez Montes y la extesorera de ese ayuntamiento, Aideé Verónica Corona García, por haber incumplido una sentencia de amparo.

La decisión judicial también tiene los mismos efectos en contra de Alonso Landeros Tejeida y José Jaime Sixtos de Jesús, quienes fungieron como alcalde y tesorero de ese municipio de 2009 a 2012, respectivamente, informa La Jornada.

La sentencia fue confirmada al resolver un recurso de apelación promovido por Graciela Juárez, quien al igual que Aideé Verónica Corona, fueron separadas de su cargo el 13 de agosto de 2013, por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El tribunal confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Distrito, con sede en Querétaro, el 4 de marzo de este año, dentro de la causa penal 48/2013-I, instruida en contra de los mencionados por el incumplimiento de una sentencia de amparo dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en la misma entidad, que los obligaba –como servidores públicos responsables del ayuntamiento– a la devolución de 326 mil 587 pesos a una persona, por habérsele cobrado dicho monto de manera irregular como parte del Derecho por Servicio de Alumbrado Público.

El ciudadano promovió un juicio de amparo para que se le devolvieran los recursos cobrados de manera excesiva y el 17 de abril de 2012 el juzgado segundo de distrito ordenó que el entonces tesorero municipal, José Jaime Sixtos de Jesús, devolviera los recursos en un plazo de 24 horas.

Ante el incumplimiento de la media, el juzgado requirió al entonces presidente municipal, Alonso Landeros Tejeida, como autoridad vinculada al cumplimiento, misma que hizo caso omiso para cumplir la sentencia, y ante el juzgado solicitó la intervención de un tribunal colegiado para que determinara si existió una inejecución de sentencia.

El caso fue turnado en 2013 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los ministros establecieron que los servidores públicos se negaron de manera reiterada a cumplir con la resolución judicial de amparo, y que su conducta debía ser sancionada.