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QUERÉTARO, Qro., 4 de diciembre de 2014.- Ciudadanos integrantes del Frente Estatal en Defensa de la Soberanía Nacional informaron que estarán buscando generar un juicio ciudadano en contra del Ejecutivo Federal Enrique Peña Nieto por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero con los 43 desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, además que confirmaron existe descontento social por la situación económica, de seguridad pública y certeza jurídica en diversas leyes promulgadas por el presidente de México.
Luis Alberto Reyes presidente de MORENA en el municipio de Querétaro informó que tras cumplirse dos años de gobierno del Ejecutivo Federal se realzará un Tribunal Ciudadano que busca llevar a un juicio popular a Enrique Peña Nieto ya que durante su mandato se ha generado un vacío legal y jurídico en todo el país.
“Estamos invitando a diversos estados de la República a que repliquen estas acciones estaos buscando que por lo menos sean 25 entidades federativas para que se le pueda dar una trascendencia nacional y que pase de lo político a lo jurídico y lo podamos llevar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos”.
El juicio ciudadano deberá ser notificado a las autoridades electorales para que tengan conocimiento del proceso, al Congreso de la Unión así como al Ejecutivo Federal para que nombre una representación para su caso; asimismo se nombró a Gerardo Fernández Noroña como fiscal del pueblo, se llamarán a testigos de cargo y se instalará un Tribunal que será integrado por tres personas de la sociedad civil para realizar el juicio.
De acuerdo al dirigente municipal de MORENA se le llevará una notificación al presidente del PRI, al gobernador del estado de Querétaro y al coordinador de los diputados del Revolucionario Institucional para que estén enterados del juicio en contra del Ejecutivo Federal para que puedan representar la defensa del presidente.
El juicio tendrá una duración de dos meses y se prevé terminará el próximo 5 de febrero, fecha en que se entregará al Ejecutivo Federal la sentencia que determinó el tribunal referente al análisis de demandas por desapariciones, feminicidios, desempleo y crisis económico a causa de las políticas federales.