Busca PGJ, implantar feminicidio en el caso de mujer muerta en Colón.

QUERÉTARO. Qro,. 28 de julio de 2014. – La Procuraduría General de Justicia (PGJ), busca implementar el delito de feminicidio en grado de tentativa ante el juez penal, en el caso de la mujer que fue localizada muerta en el municipio de Colón.

Lo anterior luego de que la PGJ, diera a conocer el aseguramiento de Fernando López Carrillo, como presunto responsable de privar de la vida a una persona de sexo femenino en la comunidad de Ajuchitlán, en el municipio de Colón el pasado primero de julio.

En entrevista el Procurador de Justicia, Arsenio Durán Becerra, dijo que la PGJ, se encuentra trabajando para que sea considerado como feminicidio en grado de tentativa, debido a que en varias ocasiones se han tenido que reclasificar el delito a homicidio calificado.

“Han habido algunos casos donde hemos consignado por feminicidio y en algún juzgado lo han reclasificado para catalogarlo como homicidio calificado; estamos haciendo las gestiones correspondientes y la sanción que podría alcanzar en caso de cometer homicidio o feminicidio es de hasta 50 años de prisión”.

Dijo que son cerca de cinco casos los que se han presentado en el estado de los cuales algunos han tenido que ser reclasificados por el juez penal al considerarlo como homicidios calificados.

“Hemos ejercitado acción penal en algunas ocasiones en cuatro o cinco ocasiones y en algunos de estos casos se ha hecho la reclasificación para que no se catalogue como feminicidio sino como homicidio calificado; es la operatividad que hemos tenido desde que se puso en vigor la disposición jurídica que tipifique el feminicidio”.

Finalmente dijo que la persona que se puso a disposición fue un familiar de la persona fallecida quien optó por probar de la vida al apuñalar a mujer ya presentaba al menos dos lesiones profundas a la altura del abdomen.

“Se llevaron a cabo diversas investigaciones con la finalidad de dar a conocer las características del deceso y de acuerdo a ello se logró establecer que la persona que tomo la determinación de privar de la vida era su propio familiar, razón por la cual el ministerio público terminó de elementar el acta y poner a disposición del juez penal competente”.