QUERÉTARO, 13 de marzo de 2015.- La Legislatura local aprobó reformas al Código Urbano, que darán certeza a más de 500 fraccionamientos que aún no se entregan a la autoridad, así como modificaciones al código de procedimientos civiles del estado, al igual que las leyes de derechos humanos de Querétaro y de personas adultas mayores.

Los diputados aprobaron las reformas al Código Urbano, que el diputado Jorge Lomelí Noriega señaló que llevó 14 meses de trabajo y atenderá al crecimiento del estado, que llegará en poco tiempo a los dos millones de habitantes.

Informó que hay más de 500 fraccionamientos en la capital que no se entregan todavía a la autoridad municipal, aunque al menos once de ellos se crearon en los años 60 y en Corregidora hay 22 fraccionamientos en las mismas condiciones, así como en otros municipios, lo que da un total de 59 mil viviendas en colonias que aún no se entregan.

Explicó que mientras ahora un constructor tarda 270 días en tramitar permisos para un fraccionamiento, ahora solamente tardará 60 días, lo que será un aliciente para la industria inmobiliaria, sobre todo para atender el reclamo de un techo digno en vivienda de tipo social.

Con esta reforma, insistió, se impulsará la construcción de 25 mil viviendas, que generarán una derrama económica de 17 mil millones de pesos para el estado.

“Emprendimos una revisión exhaustiva al Código Urbano, buscando que las relaciones entre sector privado, particulares y diferentes órdenes de gobierno sean claras, sencillas e incluyentes”, añadió.

Al referirse a la reforma al artículo 443 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el diputado local Germán Borja García señaló que esta modificación permitirá que las sentencias en materia familiar causen ejecutorias por ministerio de ley, siempre y cuando haya concluido el plazo legal para interponer la apelación y este no haya sido presentado.

Dijo que esto se debe a que en lo que va del año suman 316 sentencias de divorcio, 177 divorcios voluntarios y 139 divorcios necesarios, de las que quedaron firmes 66 correspondientes a divorcios voluntarios y 39 procedentes de divorcios necesarios.

En juicios en los que se demandó la custodia y pago de alimentos en el primer bimestre del año se emitieron 25 sentencias, de las que cinco causaron estado, es decir, se ejecutaron, por lo que es necesario fortalecer estos casos.

En cuanto a la ley de las personas adultas mayores, la diputada Beatriz Marmolejo Rojas señaló que tras la aprobación de este documento que favorecerá la atención de los adultos mayores y sus derechos, es necesario crear un reglamento que garantice su aplicación.

“Sigamos marcando precedentes como este, en los que la desigualdad sea una materia de historia”, pidió la diputada del Partido Acción Nacional (PAN).