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QUERÉTARO, Qro., 3 de agosto del 2023.- En un giro sorprendente del caso, Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente colombiano, Gustavo Petro, reveló a la Fiscalía que parte del dinero supuestamente ilegal que recibió está vinculado a la campaña electoral de 2022 del actual jefe de Estado. Esta revelación se produjo como parte de un acuerdo de colaboración con la Justicia, en el cual Petro Burgos proporcionó información relevante que hasta entonces era desconocida por las autoridades.
El fiscal del caso, Mario Burgos, expuso en una audiencia pública que el hijo del Primer Mandatario «aportó información relevante que la Fiscalía desconocía» sobre hechos preocupantes para el país. Según el fiscal, una parte de los fondos cuestionados ingresó a las arcas personales de Nicolás Petro, mientras que otra parte fue destinada a la campaña presidencial de 2022 en la que resultó elegido Gustavo Petro Urrego.
El acuerdo de colaboración entre la Fiscalía y Petro Burgos respalda la teoría del caso sobre lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, presentando pruebas legalmente obtenidas que sustentan los delitos por los cuales se encuentra procesado. Además, el hijo del presidente admitió haber recibido sumas importantes de dinero de Samuel Santander Lopesierra, un narcotraficante conocido como «el hombre Marlboro», tal como lo reveló previamente su exesposa, Daysuris Vásquez, quien también enfrenta cargos por lavado de activos y violación de datos personales.
El informe del fiscal también menciona que Nicolás Petro recibió dinero de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso «Turco» Hilsaca, así como del influyente empresario de Cúcuta, Óscar Camacho.
En sus declaraciones, el fiscal Mario Burgos destacó que parte de los fondos ilegales se destinaron al beneficio personal y el enriquecimiento injustificado de Nicolás Petro y su entonces esposa. Asimismo, otra fracción significativa de estos recursos fue invertida en la campaña presidencial de 2022. El fiscal indicó que, según la información proporcionada por el hijo del presidente, se habrían superado los topes permitidos por la ley en la financiación de la campaña, y algunas de estas aportaciones no habrían sido debidamente reportadas ante las autoridades electorales.
El caso ha generado un impacto significativo en la opinión pública y plantea interrogantes sobre la transparencia y legalidad en la financiación de las campañas políticas en Colombia. A medida que se desarrolle la investigación y se presenten más detalles del acuerdo de colaboración, el país estará atento a las implicaciones que esto pueda tener para el actual gobierno y el sistema político en general.