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CIUDAD DE MÉXICO, 26 de octubre de 2021.- Por actos de tortura a los cuales fue sometido Mario Aburto desde su detención en marzo de 1994 por el homicidio de Luis Donaldo Colosio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pide que el caso tenga una nueva investigación.
Por ello, dirigió la Recomendación 48VG/2021 al Fiscal General de la República (FGR), y al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) por violaciones graves a los derechos humanos, a la integridad personal y trato digno, por actos de tortura e incomunicación, así como al debido proceso, en agravio del acusado, que se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 12 en el municipio de Ocampo, Guanajuato, donde incluso, se le prohibió establecer comunicación con este Organismo Autónomo.
Desde hace 27 años, Mario Aburto ha denunciado actos de tortura en su contra, además de que en ese centro penitenciario se le prohibió la comunicación con este Organismo Autónomo. La víctima fue detenida el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, al finalizar un evento de proselitismo político en el que el candidato a la Presidencia de la República fue herido por disparos de arma de fuego, falleciendo horas más tarde.
En esa ocasión, la víctima fue trasladada en calidad de acusada a la Agencia del Ministerio Público Federal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de esa ciudad y, el 25 de marzo de 1994, ingresó a las instalaciones del CEFERESO 1 “Altiplano” en Almoloya de Juárez, Estado de México. Posteriormente, ha sido internado en Centros Federales de Readaptación Social de diferentes entidades y desde el 21 de octubre de 2020 se encuentra en el CEFERESO 12 “CPS-Guanajuato”, ubicado en el municipio de Ocampo, Guanajuato.
Hace siete meses, la CNDH recibió una nueva queja por parte del agraviado, donde señaló que desde hace 27 años ha denunciado ante esta Comisión actos de tortura reiterada y continuamente, puntualizando que, desde el 31 de agosto de 1994, existe en la FGR una investigación por esos hechos, agregando que reclama la reapertura de su caso para que se dé a conocer la verdad a toda la sociedad.
La víctima y sus familiares manifestaron a este Organismo Nacional que, durante 27 años, las autoridades penitenciarias lo han mantenido lejos de su familia, toda vez que los centros penitenciarios donde ha sido recluido se encuentran lejos del lugar donde radican, solicitando urgentemente su traslado a un Centro de Reinserción en Baja California.
Sobre el caso, la CNDH reconoció su responsabilidad, toda vez que, prácticamente desde que tuvieron lugar los hechos, en abril de 1994, este Organismo Nacional tuvo posibilidad de actuar para proteger los derechos humanos de la víctima y sus familiares e incluso, garantizar una investigación y un proceso justo y apegado a Derecho, lo cual no ocurrió. Incluso obra en los archivos de esta Comisión una entrevista de la cual no se tiene registro en ningún expediente de queja de aquellos años y realizada sin autorización del hoy agraviado, lo que cuestionaría las actuaciones de esta Comisión Nacional porque no corresponden a su función legal.
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