Corresponde a Ejecutivo instalar comité, señala Nava

QUERÉTARO, Qro., 28 de julio de 2014.- El presidente de la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos, Miguel Nava Alvarado, aseguró que le corresponde al Poder Ejecutivo instalar el comité para la desaparición de la trata de personas.

En días pasados diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron que la defensoría aún no inicia los trabajos para la instalación de ese comité, aunque ya pasaron más de 50 días para cumplir con ese trámite, como lo marca la ley contra la desaparición de personas.

No obstante, Nava Alvarado sostuvo que le corresponde al Ejecutivo realizar ese proceso e integrar al comité que establecerá los procedimientos a seguir contra este delito.

“El ejecutivo tiene la facultad de instalar este comité que va a dar origen a todo el esquema de planeación que tiene que ver con esta ley para la prevención, investigación, sanción y reparación de personas desaparecidas”, afirmó.

Aunque será el ombudsman quien presida ese comité, aseguró que le corresponde al Ejecutivo iniciar esos trámites porque participarán la secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública y los medios de comunicación.

Puntualizó que este comité será fundamental para atender los casos de personas desaparecidas, ya que generaré el esquema de planeación para dar marcha a la vigilancia y supervisión tanto gubernamental como ciudadana.

Sin embargo, insistió que la facultad para integrar al comité la tiene el Poder Ejecutivo del estado, que deberá convocar para dar inicio a los trabajos.

Aclaró que la falta de ese comité no significa que la ley no esté vigente y que las penas a estas conductas delictivas no se apliquen.
“Es un avance importante, porque desgraciadamente hay muchas personas desaparecidas, no es tanto el caso de Querétaro, pero también las hay, esto va a ayudar mucho”, consideró.

La ley contra la desaparición de personas contempla tanto la desaparición forzada que cometen los servidores públicos, como la desaparición de particulares, con penalidades que van de los 15 a los 40 años de prisión.