¿Y dónde están los buenos?

Profesor: Ricardo L.  Moré

Director asociado del Departamento de Derecho de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno de Tecnológico de Monterrey campus Querétaro.

¿Y DONDE ESTAN LOS BUENOS?^[1]

       El pasado 20 de mayo manifestantes frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación amenazaron a la Ministra Presidente y al Ministro Pérez Dayán. Se presentaron con ataúdes con sus fotografías y profirieron graves expresiones en contra de las máximas autoridades judiciales del país, aquellas que se han constituido en garantes, no de los conservadores o fifís, sino del Estado de Derecho y de la Constitución Federal, que es el mandato que la misma Norma Suprema les impone. Su función ha impedido que cobre eficacia el decretazo para blindar del escrutinio varias de las obras públicas del sexenio, la asignación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (en contra de varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) o el famoso Plan B electoral. Recientemente partidarios de esa corriente de pensamiento han tenido la magnífica idea de que los jueces sean electos, contradiciendo directamente lo ordenado por el artículo 96 de la propia Constitución Política y ya ni digamos de la terrible vergüenza profesional que genera mantener por consigna en ese Alto Tribunal a una persona que ha sido descubierta plagiando no una sino dos de tus tesis de grado.

       El artículo 102, inciso A de la Constitución establece que la Fiscalía General de la República es un organismo autónomo encargado de perseguir y reprimir las conductas consideradas delitos federales. El propio Código Penal Federal establece en sus artículos 180, 189 y 282, fracción II, tipos penales en los cuales podría ser posible encuadrar las conductas de los manifestantes  en contra de los Ministros el pasado 20 de mayo, ¿Por qué el Fiscal General de la República ante una amenaza así de clara en contra de autoridades federales del máximo nivel y siendo como es autónomo, no procedió a ejercer sus funciones con todo el peso de su posición en contra de los agentes que profirieron tales amenazas? La respuesta es más que evidente.

^[1] Por Ricardo Luis Moré Doménech. Director del Departamento de Derecho. Tec de Monterrey, Campus Querétaro.