QUERÉTARO, Qro., 03 de diciembre de 2021.- Durante los casi cinco años de operaciones de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, se ha vinculado a proceso a 88 personas, logrando en diversos procesos una recuperación del daño superior a los 94 millones de pesos.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción Queretana han permitido que el 53 por ciento de las personas vinculadas a proceso, sean presentadas ante la autoridad judicial, mediante el cumplimiento de Órdenes de Aprehensión. Lo anterior, es muestra de que por cada 3 carpetas de investigación, una es judicializada.

En este periodo, se han detenido a personas con diferentes cargos públicos, entre ellos: presidentes municipales, expresidente municipal, secretarios municipales, directores, notarios, entre otros. Además, por primera vez en la historia de la Procuración de Justicia en Querétaro, se investiga el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mediante el cual se aseguró un inmueble por un monto de nueve millones quinientos mil pesos.

Esta institución especializada en la investigación de delitos de corrupción, ha establecido diversas alianzas de colaboración, destacando los convenios existentes con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Sistema de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera.

La totalidad del personal que integra la Fiscalía Anticorrupción, se encuentra evaluado y acreditado en su evaluación de control de confianza. Además, de contar con capacitación permanente por instancias especializadas del orden estatal, nacional e internacional.

En el año 2020, se instauró la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, en la que por la posible comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se han asegurado casi 8 millones de pesos mexicanos. Además, de 5 vehículos de alta gama, uno de ellos con un valor superior a un millón 400 mil pesos.

Querétaro fue el primer estado en instalar e iniciar operaciones de su Sistema Anticorrupción y desde entonces, se han mantenido las acciones necesarias para consolidar la función pública y el mandato constitucional de investigar y perseguir los delitos de corrupción, para el combate a la impunidad.